Gobierno promulga ley que regula el uso de celulares en colegios públicos y privados de Educación Básica
La Ley 32385 establece restricciones durante las clases en primaria y secundaria, salvo en casos justificados por salud o fines académicos. Norma fue publicada este viernes en El Peruano.
El Gobierno promulgó este viernes 13 de junio la Ley N.º 32385, que regula el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos similares en todas las instituciones y programas educativos de la Educación Básica, tanto públicos como privados. La norma fue publicada en el diario oficial El Peruano.
El Gobierno promulgó este viernes 13 de junio la Ley N.º 32385, que regula el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos similares en todas las instituciones y programas educativos de la Educación Básica, tanto públicos como privados. La norma fue publicada en el diario oficial El Peruano.
La ley tiene como finalidad mejorar la atención y el rendimiento escolar mediante la reducción del uso de celulares, además de contribuir a disminuir la sobreexposición al Internet, prevenir problemas de salud y evitar trastornos de salud mental en los estudiantes. También busca fomentar ambientes sanos de socialización.
La ley busca prevenir problemas de salud mental en los estudiantes y enfrentar el acoso virtual o 'ciberbullying'.
Según el artículo 4 de la normativa, las instituciones educativas de nivel primario y secundario deben restringir el uso de celulares inteligentes o dispositivos similares durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, salvo que estén orientados al desarrollo de competencias dentro del marco del Currículo Nacional de la Educación Básica.
El ámbito de aplicación incluye todos los colegios públicos y privados, aunque se establecen excepciones. No se aplicará la restricción a estudiantes que requieran atención especial por motivos de salud, ni cuando el dispositivo sea expresamente autorizado por la institución con fines académicos.
Asimismo, los directores de las instituciones educativas deberán implementar protocolos de actuación para cumplir la ley, supervisar su aplicación y tomar las medidas correctivas necesarias, siguiendo criterios de razonabilidad, proporcionalidad y reiteración.