Un sistema único de videovigilancia para Lima: los desafíos tecnológicos y legales del plan de la MML

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó a este diario que la municipalidad ha venido investigando y analizando experiencias de otros países de la región. “El problema del país es que tenemos una fragmentación de los servicios. Por ello, contar con una central de monitoreo ayudará a agilizar el trabajo y a controlar mejor nuestras calles”, mencionó.

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“Este será el único centro de control y comando principal de nuestra ciudad. Permitirá recibir información de las 43 municipalidades, las cuales cuentan con sus propios sistemas de videovigilancia, pero necesitamos un sistema unificado. Ya estamos en proceso y contamos con todos los recursos necesarios”, añadió el alcalde.

Detalles del proyecto

La gerente de Seguridad Ciudadana de la MML, Mariella Falla Chanamé, explicó a El Comercio que el proyecto será el Centro de Control de Operaciones de Seguridad Ciudadana C5 y estará ubicado en la intersección de las avenidas Argentina y Ramón Cárcamo, en la zona de Las Malvinas, Cercado de Lima. “Este sistema tendrá comunicación con el Ministerio Público, la Línea 105 y la Defensoría del Pueblo, a fin de contar con todos los insumos necesarios para la posterior judicialización de los casos observados mediante el mapeo de las cámaras”, agregó.

Informó también que esta central contará con dos niveles sobre una superficie construida de 550 metros cuadrados, y contempla una futura ampliación de hasta cuatro niveles en un área total de 905 metros cuadrados. “Los delincuentes suelen desplazarse hacia las zonas limítrofes entre distritos. Por eso, este proyecto es fundamental; permitirá una respuesta rápida y coordinada, desarticulando bandas con ayuda de la inteligencia artificial para la identificación de placas vehiculares y rostros”, sostuvo.

Se tiene previsto que la central empiece a operar en su primera etapa a finales de diciembre de este año. La inversión estimada es de 14 millones de soles. Se integrarán los 320 puntos de videovigilancia donde actualmente operan las 444 cámaras de la MML, además de aproximadamente 4.400 cámaras pertenecientes a los 43 distritos de Lima Metropolitana.

“Tengan la seguridad de que pondremos el 100% de nuestro esfuerzo para que este proyecto se concrete. Trabajaremos de manera coordinada, porque la emergencia no se resolverá en pocos días. Brindaremos todos los medios logísticos necesarios para reducir los índices de violencia”, añadió.

Desafíos tecnológicos

Como es de conocimiento, cada distrito, a lo largo de sus distintas gestiones, ha instalado sus propias cámaras de vigilancia, cada una con su propio sistema operativo, marca y modelo. Esto significa un desafío para compatibilizarlas y centralizarlas en una sola plataforma.

El ingeniero y docente de la maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa del CAEN, Ernesto Castillo, explicó que será muy complejo centralizar e interconectar todas las cámaras de videovigilancia en una sola central, debido a los distintos software, sistemas y modelos que utiliza cada municipio. “Es muy difícil que todas hablen el mismo idioma tecnológico, aunque no es imposible. Sí es complejo porque hay muchas marcas y programas distintos en cada distrito. Incluso hay montones de cámaras que no se utilizan, pero eso hay que resolverlo”, mencionó.

Añadió que, mediante el uso de adaptadores, podría encontrarse una especie de “traductor común” que estandarice los programas de cada cámara. “Es un proceso que puede llevar tiempo, por lo que debe trabajarse por etapas. Primero, hay que realizar un inventario de todas las cámaras existentes y hacer pruebas de compatibilidad con estos adaptadores; luego, establecer una conexión inicial y verificar si funcionan. Aun así, puede haber un margen de error, porque muchas veces los municipios utilizan diferentes proveedores”, agregó.

El experto también advirtió que existe la posibilidad de que una gran cantidad de cámaras termine siendo desechada si no supera las pruebas de compatibilidad, incluso con adaptadores disponibles.

Ante esta serie de cuestionamientos, la gerente de Seguridad Ciudadana, Mariella Falla Chanamé, reveló que la mayoría de las cámaras de las municipalidades distritales están siendo actualizadas para contar con un sistema estandarizado. “Es importante renovar los equipos para que puedan soportar la tecnología de inteligencia artificial y el almacenamiento de información en tiempo real, con el fin de identificar a los presuntos delincuentes y llevarlos ante la justicia. Esta actualización se viene realizando de manera progresiva”, explicó.

Respecto a las medidas para asegurar que las cámaras se mantengan en buen funcionamiento, Falla afirmó que se están tomando precauciones en relación con la infraestructura de fibra óptica, es decir, la red de Internet.

Este proyecto municipal también plantea interrogantes sobre el uso y la protección de los datos captados por dichas cámaras. El abogado especialista en derecho digital, Erick Iriarte, comentó que, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales, una autoridad pública puede utilizar los datos personales de un individuo sin su autorización únicamente cuando dicha acción se enmarca dentro de sus funciones.

“Los municipios no tienen como competencia la persecución del delito; por eso deben coordinar con la Policía. Un sereno, por sí solo, no puede realizar este trabajo porque no está dentro de sus atribuciones. Es decir, pueden contar con cámaras de videovigilancia, pero no almacenar información con otros fines”, afirmó.

“Puede haber cámaras integradas, pero al incorporarles sistemas de inteligencia artificial para obtener datos de las personas, esto podría constituir una actividad prohibida. De acuerdo con el Reglamento de Inteligencia Artificial, ese tipo de uso puede vulnerar derechos y, según la Ley de Protección de Datos Personales, no está dentro de las funciones de los serenos. Por ello, deberían establecerse excepciones normativas que permitan el intercambio de información entre entidades”, añadió.

El especialista advirtió sobre los posibles ataques al sistema. “El riesgo no solo proviene de hackers externos, sino también de infiltrados internos que tienen acceso legítimo a la plataforma y pueden utilizar la información de los ciudadanos de manera malintencionada. En muchos casos, no se trata de ataques de hacking, sino de filtraciones cometidas por personas con acceso al sistema. Por eso, es necesario establecer mecanismos de prevención y control”, concluyó.

El abogado especialista en regulación digital, Óscar Montezuma, complementó que “todo esfuerzo por reducir la inseguridad ciudadana es bienvenido, pero para que ese esfuerzo no decaiga es importante tener en cuenta ciertos aspectos, como darle su lugar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que forma parte del Ministerio de Justicia y se encarga de aplicar la Ley de Protección de Datos Personales. De acuerdo con la ley, no está prohibido implementar sistemas de vigilancia, pero que una municipalidad verifique de manera biométrica y en tiempo real la identidad de las personas sí está prohibido”.

Asimismo, advirtió que “también es necesario prestar atención al tema de ciberseguridad, para evitar que la información termine en manos de personas inescrupulosas que puedan utilizar nuestros datos sensibles o exponerlos en la deep web. Es importante fortalecer la base tecnológica, porque de lo contrario incluso se podría estar beneficiando a las propias organizaciones criminales”, agregó.

“Seremos muy respetuosos de las normas y solo entregaremos la información recolectada a las autoridades judiciales, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, mediante un oficio. Además, estamos implementando medidas para proteger el sistema y evitar que algún hacker ingrese. Estamos haciendo todo lo posible para mantenernos protegidos”, concluyó la gerente Falla.

El alcalde Renzo Reggiardo también informó que la municipalidad continuará instalando más cámaras de videovigilancia en el Cercado de Lima. Además, anunció la adquisición de drones para realizar un monitoreo más minucioso. “Actualmente, contamos con 800 serenos en el Cercado de Lima y 15 mil en toda la capital. A nivel nacional, el número oscila entre 50 mil y 60 mil efectivos, quienes representan una fuerza importante de apoyo para la Policía Nacional”, mencionó.