Imagen donde se aprecia a un grupo de policías durante manifestaciones ciudadanas en la ciudad de Lima el pasado 15 de diciembre | Foto: Renzo Salazar / @photo.gec
El Gobierno peruano rechazó los actos de violencia durante las manifestaciones en diferentes regiones del país en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y a favor del adelanto de elecciones, el cierre del Congreso y la liberación del expresidente Pedro Castillo.
El Gobierno peruano rechazó los actos de violencia durante las manifestaciones en diferentes regiones del país en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y a favor del adelanto de elecciones, el cierre del Congreso y la liberación del expresidente Pedro Castillo.
El Consejo de Ministros informó en su cuenta de Twitter que el Ejecutivo garantizará la atención médica de los aproximadamente 300 policías heridos durante las protestas, de los cuales cuatro están graves y uno permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
“Nuestros valerosos policías tienen la vocación de servicio al país y trabajan por restablecer el orden interno; por lo que rechazamos categóricamente las agresiones contra los aproximadamente 300 efectivos policiales, de los cuales 4 se encuentran graves y uno en UCI”, publicó la institución.
De acuerdo con el último reporte oficial del Ministerio del Interior (Mininter), 22 personas fallecieron y más de 180 fueron detenidas por las violentas protestas desarrolladas en regiones como Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Lima y Junín.
Pronunciamiento del Consejo de Ministros tras violencia en manifestaciones
El titular del Mininter, César Cervantes, precisó que, del total de 22 fallecidos, siete son menores de 18 años. El funcionario detalló que 140 mil policías han sido desplegados en todo el país y que están en “alerta máxima” desde el 7 de diciembre, día en que el expresidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado con la intención de cerrar el Congreso y gobernar de manera temporal a través de decretos.
Esto le valió para ser vacado por el Parlamento y luego ser detenido por la Policía Nacional cuando se dirigía hacia la sede de la Embajada de México para buscar un asilo político.
Su lugar fue ocupado por Dina Boluarte, quien llegó a la Presidencia de la República por sucesión constitucional.