Líderes y representantes de siete comunidades nativas exigieron que las autoridades asuman su responsabilidad por los daños ambientales y sociales causados durante décadas de explotación petrolera en la Amazonía.
Líderes y representantes de siete comunidades nativas exigieron que las autoridades asuman su responsabilidad por los daños ambientales y sociales causados durante décadas de explotación petrolera en la Amazonía.
Hace unos días, el Gobierno emitió un decreto de urgencia por el cual otorgará un rescate financiero de US$750 millones en favor de Petroperú, con el fin de salvarla de una posible quiebra.
Frente a esta situación, los líderes de los pueblos Kichwa, Quechua, Chapra, Wampís, Kukama, Achuar y Urarinas, afectados por la contaminación y explotación petrolera, pidieron que parte del nuevo salvataje financiero también sea destinado para reparar los daños ambientales y a la salud provocados por el Oleoducto Norperuano en sus territorios.
Advirtieron que aún no se han calculado los daños sobre las siete poblaciones nativas, a los cuales nunca se les ha compensado por el uso de sus tierras, ni por la pérdida y degradación de sus ecosistemas y contaminación de sus ríos y bosques, a causa de los 300 pozos petroleros y los 400 Km de carreteras.
Según el estudio que presentaron públicamente, los costos de remediación en solo 30 sitios priorizados del Lote 192 superan los S/ 650 millones, una cifra que evidencia la insuficiencia del fondo de remediación estatal, que cuenta con un presupuesto total de apenas S/ 431 millones.
También argumentaron que Petroperú ya antes recibió US$ 2.250 millones en el 2022 y, sin embargo, pidieron nuevo rescate financiero de más de US$ 3.500 millones. Este pedido implica un aumento de capital de 1.150 millones, la conversión de un préstamo de US$ 750.000 en capital adicional y la solicitud de garantías estatales por US$ 1.650.000 millones para asegurar futuras operaciones.
Finalmente, anunciaron que buscarán iniciar un diálogo con acreedores e inversionistas internacionales para plantear sus demandas y exigir que se incluyan cláusulas que garanticen el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente en cualquier operación de rescate financiero.
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