La reciente publicación de Cuenta General de la República 2025, del Ministerio de Economía y Finanzas, reveló una cifra inédita que debe captar la atención de la opinión pública y de los nuevos gobernantes: por primera vez, el Estado peruano reportó un patrimonio neto negativo de S/ 2,236 millones. Esta cifra representa una disminución de superávit S/ 50,776 millones (104.6%) respecto al ejercicio fiscal 2024, cuando el patrimonio neto ascendía a S/ 48,540 millones.
Según Jesús Capcha Carbajal, socio principal de la consultora financiera Contacom, este resultado no debe interpretarse como una situación de quiebra del Estado, sino como una muestra de mayor transparencia financiera derivada de la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).
“El país está dejando atrás una visión basada únicamente en el flujo de caja para adoptar una contabilidad de devengo que permite reconocer obligaciones reales que durante años permanecieron fuera de los estados financieros. Estamos sincerando una deuda histórica”, señaló.
El especialista explicó que el deterioro patrimonial responde principalmente al reconocimiento de S/ 82,843 millones en obligaciones previsionales y laborales aprobadas por el Congreso, lo que impulsó significativamente el crecimiento de los pasivos estatales. Como consecuencia, el Estado registró un déficit contable integral de S/ 41,798 millones durante el año 2025.
Riesgos fiscales y presión sobre la inversión pública
Capcha advirtió que uno de los principales desafíos estructurales que enfrenta el país es la creciente rigidez del gasto público, agravada por la aprobación de 248 leyes con impacto fiscal adverso.
“Estas decisiones comprometen la trayectoria de consolidación fiscal prevista por el país, cuya meta es alcanzar un déficit de 1.0% para el año 2028. Además, reducen el espacio fiscal disponible para financiar proyectos estratégicos de infraestructura y desarrollo”, sostuvo.
Frente a este panorama desafiante, Capcha planteó que las nuevas autoridades deben adoptar reformas inmediatas, tal como lo señala en su libro Transformando la Gestión del Estado.
Entre las principales propuestas destaca la separación de las funciones actualmente concentradas en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante la creación de un Ministerio de Hacienda especializado en la administración del presupuesto público, la contabilidad gubernamental, la deuda y la tesorería.
Asimismo, recordó que el Congreso debe aprobar la cuenta general pendiente desde el 2013 según la Constitución.
Además, señaló que se necesita un freno institucional al gasto corriente rígido, buscando nuevos modelos de financiamiento para evitar la paralización de infraestructuras trascendentales como la Nueva Carretera Central, que permitirán aprovechar el impacto del megapuerto de Chancay o el nuevo aeropuerto. Para proteger el valor de estas obras, se deben implementar reportes de sostenibilidad y cambio climático que cuantifiquen financieramente la vulnerabilidad de los S/ 686,446 millones en activos de infraestructura ante los choques climáticos.
Finalmente, afirmó que revelar un patrimonio negativo no es un fracaso, sino una oportunidad. “Hoy el Estado cuenta con las herramientas para estructurar una verdadera estrategia de gestión integral de activos y pasivos financieros. Dependerá de los nuevos gobernantes aprovechar esta radiografía técnica para garantizar la sostenibilidad del país en el periodo 2026-2029″, refirió.
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