Un día después de que El Comercio denunciara que una mafia estaría operando dentro de la Policía de Tránsito, ayer el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, dijo que ha dispuesto una investigación sobre este caso y de encontrar responsabilidades en oficiales o suboficiales de la PNP, estos serán procesados y “drásticamente sancionados”.
En conferencia de prensa ofrecida junto al jefe del Gabinete Ministerial y a otros titulares de cartera, Chávarry pidió a los agentes de la PNP que dieron su testimonio a El Comercio que se acerquen a su despacho para que “de manera anónima” sigan colaborando con la investigación. “Yo personalmente les garantizo... para que me den la información e identificar a estos malos policías que hacen quedar mal a la institución”, declaró.
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No obstante, el jefe de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, general PNP Carlos Malaver Odias, no se pronunció sobre esta denuncia, pese a que este Diario pidió una entrevista con él.
El último martes, El Comercio denunció que oficiales a cargo de jefaturas en la Policía de Tránsito estarían cobrando coimas de hasta S/5 mil mensuales a combis, minivanes y taxis colectivos para no imponerles multas o, en todo caso, anulárselas.
Esto fue testificado por cinco agentes policiales que fueron retirados del escuadrón de policías de tránsito encargado de erradicar paraderos informales de Lima. Según sus testimonios, ofrecidos de forma anónima, estos policías fueron enviados a otras divisiones porque “se metían” con los vehículos protegidos por sus jefes.
Para la publicación de ese informe, El Comercio intentó durante varios días obtener los descargos de la PNP; sin embargo, recién ayer emitió un comunicado en el que se indicó que el comando policial dispuso que la Inspectoría General contraste la veracidad de los testimonios de los agentes entrevistados.
Según dicho documento, la División de Tránsito ha realizado en lo que va del año 110 operativos, ha impuesto 1.495 papeletas e internado solo 35 vehículos en los depósitos oficiales. También señalaron que la Policía de Tránsito ha puesto a disposición de las comisarías de Lima y Callao a conductores que intentaron sobornar al personal policial; sin embargo, no precisaron ninguna cifra de conductores denunciados por el delito de cohecho activo.
Ayer por la tarde, también se conoció que la congresista Rosselli Amuruz pidió que se cite al ministro del Interior y al comandante general de la PNP a la Comisión de Defensa por el reportaje de este Diario.
Ayer recorrimos varias de las zonas invadidas por combis, minivanes y taxis colectivos para verificar si ya se había tomado alguna acción. Aunque usuarios reportaron en las redes sociales que en horas de la mañana notaron presencia policial, esta no se mantuvo a lo largo de todo el día.
Por ejemplo, la fotografía que ilustra este informe fue tomada al mediodía y se observa solo a una policía controlando el tránsito en Puente Nuevo. Frente a ella, estaban operando vehículos informales sin que pudiera hacer algo.
Luis Quispe Candia, de Luz Ámbar, señaló que este problema de corrupción está asociado a otro mayor: la informalidad en el transporte. Cuestionó que la ATU no avance con las licitaciones que permitan que el transporte urbano cuente con empresas propietarias de sus unidades, con conductores en planilla, y con un servicio de calidad que desplace a las combis y colectivos.
Ayer, en Puente Nuevo (El Agustino), constatamos al mediodía que solo había un agente policial que nada podía hacer frente a unidades informales que operaban en la zona.
Cada día, las grúas se llevan hasta 120 vehículos, donde el precio para retirar el auto es de unos 600 soles al día. Decenas de choferes dicen que sus autos son llevados al depósito sin razón, pero la comuna aduce que solo el 1% de reclamos son fundados. Muchos vecinos desconocen la norma. 
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