El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó este domingo que se busca llevar a cabo un golpe de Estado en su contra por parte de un juez penal y del Ministerio Público (Fiscalía), ambos sancionados por la Unión Europea y Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción.
Acompañado por todo su gabinete y los diputados electos por su partido, el Movimiento Semilla, el mandatario indicó en un mensaje en cadena nacional que “es hora de defender la democracia” sin “titubeos”.
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El mensaje del presidente tuvo lugar después de que el juez penal Fredy Orellana intentara el viernes pasado, como lo ha hecho varias veces en el pasado, suspender al partido oficial, Movimiento Semilla, y solicitar al Tribunal Supremo Electoral que anule los resultados electorales de 2023 y declare vacante el puesto de presidente.
Orellana indicó en un dictamen que el Tribunal Supremo Electoral debía suspender al partido (pese a que se encuentra suspendido en el Congreso desde 2023) y que por tanto debía declararse nula la presidencia de Arévalo de León.
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Al respecto, el presidente explicó que “en los últimos días la alianza criminal atrincherada en el Ministerio Público y en ciertos espacios del sistema de Justicia han intentado otra vez hundir a Guatemala en el autoritarismo, en la corrupción y la impunidad”.
El gobernante calificó a Orellana como “sicario que tergiversa las leyes al servicio” de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, ambos sancionados en los últimos años por Estados Unidos y la Unión Europea bajo fuertes señalamientos de corrupción.
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“Porras, Orellana y sus demás patéticos conspiradores han creado un contexto de terror para abrirse camino y hundir a nuestro país. Y lo han hecho usando procesos judiciales ilegítimos para encarcelar y torturar a ciudadanos honestos, intentando desmotivar la defensa de la democracia”, puntualizó el gobernante, recordando que se encuentran en prisión los líderes indígenas Héctor Chaclán y Luis Pacheco, además del periodista José Rubén Zamora.
“El objetivo de Porras y demás golpistas es perpetuar la impunidad de los ladrones del dinero de todos (los guatemaltecos). La impunidad de los narcotraficantes, de los pandilleros y de sus aliados políticos”, aseveró el gobernante, en referencia a una “alianza criminal” que capturó hace algunos años “las instituciones del Estado, empezando por el Ministerio Público y algunos jueces”.
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El presidente solicitó a la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, que garantice los resultados electorales de 2023 que lo llevaron a la presidencia.
De igual manera, Arévalo de León exigió al Organismo Judicial para que “conforme a la ley proceda a la inmediata destitución” de Orellana, cuya “conducta constituye una violación grave al orden constitucional y una amenaza directa a nuestra democracia”.
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“Consuelo Porras y Fredy Orellana son enemigos de nuestro país. Son los obstáculos centrales a la lucha contra la corrupción, como lo reconoce la sociedad guatemalteca y el mundo, que los ha declarado proscritos”, dijo el mandatario.
De acuerdo a analistas, el juez penal no tiene competencia con respecto a las elecciones y el dictamen es uno de los intentos más recientes de Orellana y del Ministerio Público (Fiscalía) por intentar derribar la presidencia del actual mandatario desde que ganó los comicios hace dos años.
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Arévalo de León fue electo en 2023 con un discurso anticorrupción pese a que las encuestas lo colocaban en la octava posición, y desde entonces la Fiscalía ha intentado bloquear su Gobierno de diversas maneras.
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