El mundo después del 11-S: 25 cambios que transformaron nuestras vidas

Hace 25 años, los atentados que perpetró Al Qaeda en Estados Unidos cambiaron la geopolítica global, pero también nuestra cotidianeidad marcando un antes y un después en la noción de la seguridad internacional. El secuestro de aviones de pasajeros, que se desplomaron en Nueva York, Washington y Pensilvania, no solo cambió la dinámica en los aeropuertos, sino también en la manera en que se establecieron protocolos de vigilancia en todo el mundo.

En noviembre del 2001, el Gobierno de EE.UU. creó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) con el fin de estandarizar la vigilancia y los controles en los aeropuertos, pues antes del 11-S la inspección de pasajeros y equipajes estaba en mano de empresas privadas.

Como parte del reordenamiento institucional, se creó el Departamento de Seguridad Nacional, que integraba múltiples agencias estatales y representaba una nueva forma de pensar la seguridad en la vida doméstica estadounidense, tanto en la lucha contra el terrorismo como la inmigración. ICE surgió también después del 11-S.

El cambio más inmediato se vivió en la aviación estadounidense, pues el gobierno federal introdujo medidas más estrictas apenas se reanudó el transporte aéreo civil el 14 de setiembre del 2001. Los cambios se trasladaron a la aviación internacional de forma casi inmediata, debido a la urgencia de la amenaza.

Se instalaron puertas blindadas entre la cabina de mando y los pasajeros. Ya no se permitió que cualquier persona ajena a la tripulación entrara a la cabina durante los vuelos. A fines del 2002, los pilotos pudieron portar armas en los vuelos comerciales estadounidenses.

Los secuestradores de los aviones utilizaron navajas y ‘cutters’ para tomar el control de los aviones, por lo que la respuesta de seguridad inmediata se enfocó en prohibir objetos punzocortantes en los equipajes de mano, desde navajas suizas, cortaúñas y pinzas, hasta herramientas como martillos y alicates.

La implementación de la norma de permitir líquidos solo en envases de 100 ml dentro de bolsas transparentes recién se dio en el 2006, luego de que los servicios de inteligencia del Reino Unido y EE.UU. frustraran un plan terrorista que planeaba utilizar explosivos líquidos en aviones camuflados en botellas de refrescos.

A fines del 2001, tres meses después del 11-S, un británico reclutado por Al Qaeda abordó un vuelo de París a Miami escondiendo explosivos plásticos en sus zapatillas. El atentado fracasó, pero desde entonces se impuso la norma de quitarse los zapatos, chaquetas y cinturones durante las inspecciones aeroportuarias.

Los detectores de metales eran habituales en los aeropuertos de EE.UU., antes del 11-S, pero desde el 2010 se empezaron a instalar escáneres de cuerpo entero luego que se detuviera a un sujeto con un dispositivo oculto bajo su ropa. Tras la controversia por la intromisión de la privacidad, ahora se utilizan escáneres de ondas milimétricas que evitan el llamado “desnudo virtual”.

La nueva ley también permitió el despliegue permanente de oficiales armados en vuelos comerciales dentro de Estados Unidos y Europa, sobre todo en los viajes de mayor demanda.

Antes del 11-S, existía una pequeña lista de personas de alto riesgo para los viajes aéreos. Entonces, se elaboró la Lista de Exclusión Aérea (No-Fly List) con los nombres de miles de personas a las que se les prohibía abordar cualquier vuelo comercial que despegue, aterrice o transite por el espacio aéreo estadounidense.

En todo el mundo, los países se volvieron más estrictos con los controles de identidad. En el 2002, la Unión Europea introdujo una normativa que exigía a las compañías aéreas confirmar que el pasajero que embarcaba en el avión era la misma persona que había facturado su equipaje.

Se crearon los Centros de Fusión, unidades de análisis e intercambio de información creadas tras el 11-S para romper el llamado bloqueo institucional entre el gobierno federal y las agencias de policía locales, para una mejor coordinación.

Tras el 11-S, Estados Unidos promulgó el Patriot Act, un conjunto legal que amplió las facultades de vigilancia interna, la interceptación de comunicaciones y la recopilación de datos por parte del gobierno, lo que encendió el debate sobre la privacidad de los ciudadanos. La ley ya no está vigente como tal, pero la mayoría de sus facultades fueron absorbidas por otras normativas.

En todo el mundo se empezó a adoptar la normativa para colocar chips con huellas dactilares y reconocimiento facial en los documentos de viaje internacionales.

La prominencia del terrorismo como fenómeno transnacional llevó a la redefinición de estrategias defensivas y de intervención en múltiples países, marcando una diferencia respecto a las guerras estatales convencionales del siglo XX.

Tras los ataques, no se prohibió el ingreso de ciudadanos procedentes de países musulmanes, pero si se implementaron restricciones y hubo un escrutinio más estricto y controles adicionales para ingresar a EE.UU. desde 25 países, 24 de ellos de mayoría musulmana.

Se implementan controles severos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a través de organismos internacionales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Uso ampliado de tribunales militares especiales y centros de detención extraterritoriales, como la base naval de Guantánamo, en Cuba, que en su momento albergó a terroristas vinculados con el 11-S, sospechosos de pertenecer a Al Qaeda o al régimen talibán.

Tras el 11-S cambió drásticamente la doctrina de contención de la Guerra Fría hacia la acción preventiva contra amenazas inminentes o estados que albergan terroristas. EE.UU. invadió Afganistán con el fin de capturar a Osama Bin Laden, y luego Iraq, partiendo de la premisa falsa que escondían armas de destrucción masiva.

Uso masivo de contratistas de defensa y empresas de seguridad privada para logística, entrenamiento y protección de instalaciones en zonas de conflicto. En Afganistán e Iraq proliferaron los soldados contratados por estas empresas particulares.

Solo tres días después del 11-S, el Congreso de EE.UU. aprobó una resolución que otorgaba al presidente las facultades para usar “toda la fuerza necesaria” contra cualquier nación, organización o persona que planeara atacar suelo estadounidense. Eso facultó el despliegue de fuerzas de operaciones especiales a escala global.

Tras los ataques, cualquier eje vital de la economía o los servicios públicos -como plantas de energía, redes de agua, nodos de telecomunicaciones- podían ser utilizados como objetivos terroristas. Por ello, la protección e inspección de las infraestructuras críticas sufrió una transformación estructural.

Reconocimiento del ciberespacio como un dominio de guerra para prevenir atentados contra la red eléctrica, sistemas bancarios o de salud.

Estandarización de entrenamiento militarizado para la policía urbana ante incidentes de “tirador activo” o atentados múltiples simultáneos. Aunque la masacre escolar de Columbine en 1999 inició las primeras alarmas en EE. UU., el 11-S impulsó una doctrina de respuesta policial especial.

Normalización de campañas ciudadanas de vigilancia colectiva bajo el lema “Si ves algo, di algo”, integrando a la población en la cadena de detección de riesgos.