Más de un millón de personas aspiran a beneficiarse de la regularización migratoria extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno español y cuyo plazo de solicitud termina este martes, mientras el Tribunal Supremo se plantea llevar esta medida a la justicia europea.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dio esta cifra este martes, último día para presentar la solicitud, y destacó que detrás de cada petición hay una persona que ya vive en el país y que, a partir de ahora, formará parte de la sociedad con todos los derechos y deberes.
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El Ejecutivo español puso en marcha este proceso de regularización el pasado 16 de abril y finaliza este 30 de junio.
La previsión era que se beneficien al menos medio millón de personas que residan en España desde antes del pasado 1 de enero y demandantes de asilo que lo hayan pedido antes de esa fecha, siempre que acrediten un mínimo de cinco meses seguidos en el país cuando presenten la solicitud y no tengan antecedentes penales.
Los inmigrantes deberán aportar, entre otros documentos, aquellos que demuestren el tiempo de estancia en España, el certificado de antecedentes penales y, solo en algunos casos, un informe de vulnerabilidad certificado por una ONG acreditada por el Gobierno como colaboradora en materia de extranjería.
Desde hace más de tres meses, miles de personas se han enfrentado a la burocracia para conseguir la documentación necesaria y han contado con el apoyo de voluntarios de distintas ONG.
En este tiempo se han podido ver largas filas de personas ante ayuntamientos y otras oficinas de la administración habilitadas para llevar a cabo los trámites y muchas de ellas han mostrado su angustia ante las dificultades de conseguir algunos documentos, como el certificado de no tener antecedentes penales, necesarios para tramitar su regularización.
Ante este proceso de regularización, tanto el conservador Partido Popular (PP) como la ultraderecha de Vox manifestaron su rechazo.
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Cuando en abril se puso en marcha el proceso, el secretario general del PP, Miguel Tellado, lo calificó como un “disparate” y aseguró que provocaría el caos en España, “con los servicios públicos, las ayudas sociales, la sanidad, el acceso a la vivienda, todo eso se verá muy afectado”.
Al finalizar el plazo, el portavoz del PP, Borja Sémper, afirmó que se opusieron a la regularización porque estaba mal planificada y cuantificada, lo que se demuestra ahora, cuando “ha superado los anuncios del propio Gobierno” en el número de solicitantes, ya que en un principio calculaban que serían 500.000 las solicitudes y superan el millón.
También se cuestionó desde algunos gobiernos regionales encabezados por el PP, que recurrieron el decreto sobre la regularización ante el Tribunal Supremo.
Es el caso de la Comunidad de Madrid, que junto con Vox solicitó paralizar de forma cautelar el proceso con el argumento de que una regularización masiva provocaría un colapso de los servicios públicos, aunque el Supremo rechazó esa medida.
También lo recurrieron los gobiernos regionales de Valencia y Aragón.
El Tribunal Supremo ha planteado la posibilidad de llevar el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por si entrara en conflicto con el derecho comunitario.
La decisión se produce después de admitir la tramitación de los recursos presentados por los gobiernos regionales de Valencia y Aragón contra determinados aspectos del real decreto sobre la regularización.
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El alto tribunal da a las partes cinco días para expresar su parecer acerca de la procedencia de formular ante el TJUE “una cuestión prejudicial interpretativa” sobre algunos puntos del decreto “que en su caso podrían entrar en conflicto con el derecho de la UE”.
Dese el Gobierno, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantiene que la norma “se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho de la Unión Europea (UE)”.
Las fuentes del ministerio trasladan a los solicitantes un mensaje de tranquilidad y aclaran que la regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español.
El socialista José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en el primer expresidente del Gobierno español en democracia en ser imputado, al anunciar la Justicia este martes 19 de mayo que lo investiga por tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, vinculada a capitales venezolanos. (AFP) SOBRE EL AUTOR
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