El Consejo Constitucional francés validó este viernes el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, la principal medida de la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron.
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Además, el organismo rechazó la solicitud de que la reforma de las pensiones sea sometida a un referéndum de iniciativa ciudadana, según anunció en un comunicado.
En cambio, el Consejo Constitucional invalidó seis artículos de la ley, especialmente dos relativos al fomento de la contratación de trabajadores mayores de 55 años en las grandes empresas, al considerar que no tenían lugar en una ley de financiación de la Seguridad Social.
Una fuente del organismo explicó a la prensa que, al validar el aumento a 64 años, sus nueve miembros tuvieron en cuenta “que el legislador busca la supervivencia del sistema por repartición, teniendo en cuenta además el aumento de la esperanza de vida”.
También indicó que las deliberación se extendieron durante 16 horas seguidas, pero rechazó decir si la decisión fue o no por unanimidad.
La fuente anunció que el Consejo Constitucional estudiará el próximo 3 de mayo una nueva solicitud de referéndum de iniciativa ciudadana, pero con una cuestión diferente a la planteada hasta ahora.
La nueva petición incluye esta vez una disposición que propone un nuevo impuesto relacionado con el mantenimiento del sistema de pensiones que sí que supondría “un cambio del estado de derecho” admisible por el Consejo.
En todo caso, el Gobierno tiene la intención de promulgar la ley este mismo fin de semana, según dijeron fuentes oficiales a medios locales, tras un veredicto que generó reacciones contrapuestas en la clase política francesa.
La primera ministra, Élisabeth Borne, señaló que, con su decisión, el Consejo Constitucional considera que “tanto en el fondo como en el procedimiento”, la reforma está de acuerdo con la Constitución.
“Esta noche no hay ni vencedores ni vencidos”, aseguró Borne en Twitter.
El Gobierno recalcó en un comunicado que el fallo del Constitucional “marca el final del camino institucional y democrático de la reforma” y reiteró que su voluntad es “continuar la concertación con los interlocutores sociales”.
En cambio, los sindicatos ya rechazaron una invitación de Macron a una reunión el martes para tratar cuestiones no relacionadas con las pensiones, después de que el presidente no quiso recibirles mientras la reforma se estaba debatiendo.
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Los sindicatos convocaron una “gran movilización popular” para el 1 de mayo, que debe ser un momento “histórico” para frenar la reforma, anunció la secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, durante una concentración de protesta en París.
Binet dijo que los sindicatos piden a Macron que “vuelva al sentido común” y retorne la ley a la Asamblea Nacional para que los diputados la puedan debatir y votar”, ya que se aprobó sin un voto en esa cámara (el gobierno accionó un artículo constitucional que se lo permitía).
La sindicalista advirtió de que, si la reforma se promulga, “ninguna organización sindical irá a reunirse con el presidente para tratar otra cosa que no sea esta reforma”, y acusó a Macron de “gobernar el país contra su pueblo”.
Los ocho principales sindicatos del país se reunirán el próximo lunes para estudiar nuevas medidas de protesta, después de doce jornadas de huelgas y movilizaciones a nivel nacional desde el mes de enero.
La decisión del Consejo Constitucional supone un “precedente peligroso”, porque el Gobierno podría seguir utilizando la figura legal de un presupuesto rectificativo para “hacer aprobar reformas importantes”, afirmó la presidenta del grupo de La Francia Insumisa en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot.
En una comparecencia con los demás líderes de los partidos que integran la coalición izquierdista Nupes (socialista, ecologista, comunista), Panot advirtió de que seguirán apoyando las protestas y huelgas contra la reforma y lanzó un nuevo llamamiento a Macron para que retire la ley.
“No será el Consejo Constitucional el que hará cambiar de opinión al pueblo francés”, reiteró, en alusión a que en torno al 70 % de los ciudadanos rechazan la reforma, según las encuestas.
La líder ultraderechista, Marine Le Pen, advirtió por su parte de que la entrada en vigor de “esta reforma brutal e injusta” va a marcar “la ruptura definitiva entre el pueblo francés y Emmanuel Macron”.
La decisión del Consejo Constitucional llegó tras una tensa jornada de espera, con unas 230 marchas de protesta convocadas por los sindicatos en todo el país, entre ellas una concentración en la plaza del Ayuntamiento de París.
La propia sede del Consejo Constitucional estaba blindada desde ayer, con barreras y policías antidisturbios, y la prohibición de organizar concentraciones en sus inmediaciones.
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