Los contribuyentes británicos deberán pagar durante “décadas” el endeudamiento de su país para hacer frente a la pandemia de la covid-19 y sus consecuencias, según el informe de una comisión parlamentaria del Reino Unido divulgado este domingo.
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El estudio del influyente comité de Cuentas Públicas concluye que la respuesta del Ejecutivo de Boris Johnson a la pandemia acarreará “significativos riesgos financieros” para las arcas del Estado en las décadas venideras.
Los legisladores calculan que las medidas gubernamentales alcanzaron un desembolso de 372.000 millones de libras (434.000 millones de euros) en mayo, por lo que la deuda se eleva a 2,2 billones de libras (2,6 millones de euros), un 99,7 % del PBI.
“Aunque reconocemos que se necesitaba relajar las reglas habituales sobre grandes decisiones de gasto (...) nos preocupa que esto haya creado graves riesgos que haya que atender durante años”, escriben los miembros de la comisión, con presencia de conservadores, laboristas y liberaldemócratas.
La presidenta del comité, la laborista Meg Hiller, reclamó al Gobierno que sea “claro” sobre cómo piensa gestionar este asunto y a lo largo de qué período de tiempo.
El informe destaca que unos 26.000 millones de libras (30.000 millones de euros) empleados en el rescate de la economía se van a perder como consecuencia del fraude y de la incapacidad de algunas empresas de devolver los préstamos,
La comisión emitió un segundo informe en paralelo en el que denunció los niveles “inaceptablemente altos” de fondos desperdiciados en la adquisición de equipamientos de protección personal contra el virus, en los que el Estado ha gastado más de 10.000 millones de libras (11.700 millones de euros).
De los más de 32.000 millones de EPI encargados por el Ministerio de Sanidad, solo se han distribuido 11.000 millones, halló el comité, mientras que otros 12.600 se encuentran almacenados. Además, otros 8.400 millones de piezas de EPI adquiridas de otros países no han llegado siquiera al Reino Unido.
Un total de 2.100 millones de piezas de EPI adquiridas por un coste superior a los 2.000 millones de libras (23.400 millones de euros) han demostrado ser inservibles, aunque el Ejecutivo defiende que sólo es un ínfimo porcentaje del material de todos los equipos.
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