El gobierno del presidente Guillermo Lasso decretó el miércoles estado de excepción en cuatro provincias de Ecuador donde han recrudecido las protestas en medio del paro nacional impulsado por los indígenas y caracterizado por violentas manifestaciones las últimas dos semanas.
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La medida estará vigente por 30 días en las provincias de Imbabura, al norte del país; Azuay, al sur, Sucumbíos y Orellana, en la amazonia. El gobierno dijo que el objetivo es recuperar el orden público, controlar la situación de violencia, asegurar la provisión de medicamentos, oxígeno para hospitales, combustibles y alimentos en esas regiones.
Además, establece como zona de seguridad el área de influencia donde se encuentran los pozos, las instalaciones e infraestructura petrolífera del país, en la amazonia. El petróleo es el principal producto de exportación del país, a cuyas arcas fiscales aporta cerca del 30% de los ingresos.
El estado de excepción reduce una parte de los derechos ciudadanos, como el de movilización y reunión, entre otros.
La decisión gubernamental busca afrontar las consecuencias de un paro nacional que lleva 17 días y que fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo en Ecuador, en demanda de la reducción del precio de la gasolina de 2,45 a 2,10 dólares el galón, mayor presupuesto para salud y educación y la fijación de precios de productos agropecuarios.
En ese contexto, manifestantes incendiaron y destruyeron completamente dos estaciones de policía en el norte de Quito, mientras el diálogo entre los indígenas y el gobierno, que había empezado el lunes, sigue en punto muerto.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, declaró al canal Ecuavisa que “para cualquier diálogo tienen que deponer sus medidas de hecho”, insistió Jiménez, para quien el gobierno ha dado respuestas concretas a las demandas del movimiento a través de cuatro decretos que “entre un beneficio y otro suman 800 millones de dólares”.
“Los que no entiendan por las buenas tendrán que entenderlo por la aplicación progresiva de la fuerza”, acotó. Al momento, un gabinete de seguridad analiza la situación del país que cumple 17 días de paralización nacional.
El saldo de las protestas, se registran 228 policías heridos, 32 policías secuestrados que ya han sido liberados, diez unidades policiales destruidas y 72 vehículos afectados, informó a la prensa el comandante General, Fausto Salinas.
Para presionar una respuesta del gobierno, el Movimiento Indígena y Campesino de la región de Cotopaxi anunció que prepara una movilización “masiva y contundente hacia la capital, el día jueves... con todas las organizaciones, gremios, transportistas y trabajadores”, mientras cientos de indígenas de la provincia de Imbabura ya bloquean una de las principales avenidas periféricas de la ciudad.
En tanto, el gremio que reúne a las poblaciones nativas de la Amazonia indicó a sus bases que “se mantienen todas las medidas en las seis provincias de la región Amazónica”. En esa zona se encuentra la mayor parte de los pozos e infraestructura petrolífera de Ecuador, que provee al Estado alrededor del 30% de los ingresos a la caja fiscal.
También el denominado Frente Popular, que agrupa a colectivos y sindicatos de salud, eléctricos, educación, entre otros, anunciaron una gran movilización para la tarde del jueves en respaldo al movimiento indígena y en demanda de que el gobierno disminuya los costos de los combustibles, como medida “indispensable” para que la paz retorne al país, afirmó Nelson Erazo, dirigente del gremio.
Los acercamientos entre el gobierno y los indígenas, que el lunes hacían prever una cercana solución, quedaron congelados luego del ataque de presuntos indígenas a un convoy militar que dejó un muerto y 12 uniformados heridos.
Durante la tarde y noche del martes decenas de indígenas que eran transportados en camiones circularon por el norte capitalino golpeando cuanto vehículo particular encontraban a su paso, a muchos de los cuales también les cortaron las llantas, mientras obligaban a los negocios a cerrar bajo amenaza.
“Exijo una vez más a la policía y al ejército encargados del orden público que nos protejan de éstos vándalos”, publicó en Twitter el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, junto a videos de los ataques.
Las protestas se han caracterizado por férreos bloqueos de vías que impiden el paso de alimentos, combustibles e inclusive ambulancias. El primer efecto ha sido un notable desabastecimiento en algunas ciudades, donde los precios de los productos agrícolas se han duplicado o triplicado.
Al mismo tiempo legisladores de la oposición, principalmente del partido Unión por la Esperanza vinculado con el ex mandatario Rafael Correa (2007-2017), fracasaron en su intento en la Asamblea de destituir al presidente Guillermo Lasso, a quien acusaban de la grave conmoción social y política.
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