Huir de la violencia, la persecución o el desplazamiento forzado suele ser el primer paso hacia la búsqueda de protección. Para muchas personas refugiadas y solicitantes de asilo, cruzar una frontera internacional no significa encontrar seguridad inmediata. A veces comienza una nueva etapa marcada por incertidumbre: meses de espera, trámites prolongados y una vida suspendida mientras llega una respuesta.
Los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) vemos esta realidad diariamente en la puerta de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Naucalpan e Iztapalapa. Personas que han dejado atrás sus hogares siguen procesos administrativos indispensables que parecen no tener fin, para avanzar en su solicitud de protección internacional. Cada semana, cientos de personas deben confirmar su permanencia en el país, al firmar presencialmente de cada semana. Para hacerlo, pierden jornadas de trabajo, asumen costos de transporte que apenas pueden cubrir o buscan quién cuide a sus hijos e hijas mientras realizan el trámite.
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Para quienes solicitan asilo, la espera se convierte en una etapa en la que la vida queda suspendida. La resolución de una solicitud puede significar la posibilidad de trabajar formalmente, acceder a servicios y comenzar a reconstruir un proyecto de vida. También puede representar la obtención de una residencia permanente y la posibilidad de ejercer plenamente derechos que durante meses o años permanecieron en suspenso. También representa el reconocimiento de historias de resiliencia marcadas por la violencia, la persecución o el desplazamiento forzado.
Mientras Tapachula continúa siendo la principal puerta de entrada para quienes buscan protección internacional en México, la capital se ha consolidado como uno de los principales destinos para quienes esperan una respuesta. De acuerdo con la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR), en 2025 la Ciudad de México y su área metropolitana concentraron alrededor del 30% de todas las solicitudes de la condición de refugiado registradas en el país. Además, el número de solicitantes de asilo en la CDMX aumentó un 65% respecto al año anterior.
Para miles de personas, la capital se ha convertido en un lugar donde la espera se vuelve parte de la vida cotidiana. Si bien debería tomar un máximo de 45 días, meses e incluso años pueden transcurrir antes de recibir una resolución. Mientras tanto, las personas intentan encontrar trabajo, vivienda y estabilidad sin saber si podrán permanecer en el país.
Detrás de cada solicitud hay una historia de desplazamiento, pérdida y supervivencia.
Esa espera tiene consecuencias concretas. A medida que los procesos se alargan, observamos un deterioro progresivo de la salud mental de las personas solicitantes de asilo. La obligada permanencia en este limbo administrativo, aunado a la dificultad para acceder a medios de vida estables, así como a la imposibilidad de planificar el futuro, afectan profundamente su bienestar y el de sus familias. A esto se suman enfermedades crónicas o tratables cuyo seguimiento se vuelve más difícil en un contexto de movilidad, precariedad económica e incertidumbre prolongada.
La situación se vuelve aún más compleja en un contexto marcado por la reducción de recursos destinados a la atención de personas refugiadas, solicitantes de asilo y en situación de desplazamiento forzado interno. ACNUR reportó los mayores recortes de financiamiento de su historia, con una reducción cercana al 60% de su capacidad operativa. La organización también advirtió que esta disminución afectó directamente el apoyo brindado a la COMAR, cuyo presupuesto fue reducido en un 7% con respecto al año anterior.
Aunque las instituciones mexicanas han realizado esfuerzos importantes para responder a una demanda creciente, las necesidades superan con frecuencia la capacidad disponible. Esta presión se traduce en procesos más largos, menor acompañamiento especializado y mayores dificultades para una población que ya enfrenta condiciones de vulnerabilidad.
En este contexto, los equipos de Médicos Sin Fronteras observamos cada vez con mayor frecuencia las consecuencias de una espera prolongada. La oficina de COMAR en Naucalpan se ha convertido en uno de los principales puntos de atención de nuestros equipos. En 2026, en la Ciudad de México y el Estado de México hemos brindado 2 mil 624 consultas en total; 1 mil 958 atenciones en salud primaria y 444 sesiones de salud mental. El 63% de las personas atendidas fueron mujeres. A través de estos servicios acompañamos a personas que enfrentan síntomas de ansiedad, depresión, estrés postraumático y otros padecimientos relacionados con experiencias de violencia, desplazamiento e incertidumbre.
La gravedad de estas afectaciones también se refleja en los 43 casos que hemos tratado bajo el enfoque MhGAP, que incluye atención farmacológica y seguimiento a personas con trastornos mentales moderados o severos. Al mismo tiempo, nuestros equipos de trabajo social se han adaptado para orientar a quienes intentan comprender procesos administrativos complejos mientras buscan trabajo, vivienda y acceso a derechos y servicios básicos en la ciudad y en la periferia.
Mientras esperan una resolución, miles de personas intentan construir una vida en la Ciudad de México. Buscan trabajo, vivienda, atención médica y espacios donde sus hijos e hijas puedan crecer con seguridad y estabilidad. Sin embargo, los obstáculos administrativos, económicos y sociales terminan prolongando una situación de vulnerabilidad que dificulta la integración y limita la posibilidad de planificar su futuro.
La Ciudad de México es un lugar que recibe a quienes buscan protección. El desafío pendiente es que esa protección pueda traducirse en posibilidades reales de integración, acceso a derechos, servicios y estabilidad. Reconocerlo implica fortalecer las condiciones que les permitan reconstruir sus vidas y continuar contribuyendo a las comunidades que hoy también son su hogar.
Porque refugio no es solo llegar. Refugio también significa poder volver a vivir.
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