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Miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela votan para aprobar el proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas, el 5 de febrero de 2026. (Pedro MATTEY / AFP)
El proyecto de la ley de amnistía en Venezuela plantea anular los casos de presos políticos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder en el país, según el borrador de la normativa difundido este viernes por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
El proyecto de la ley de amnistía en Venezuela plantea anular los casos de presos políticos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder en el país, según el borrador de la normativa difundido este viernes por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
El Legislativo, controlado por el chavismo, publicó en su canal de Telegram el proyecto de ley un día después de que lo aprobara en la primera de las dos discusiones previstas para la creación de normativas en la nación, luego también de que diversas organizaciones no gubernamentales insistieran en su divulgación.
Con un total de 13 artículos, el borrador de la llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tiene como objetivo “conceder una amnistía general y plena en favor de todas aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos”, desde el 1 de enero de 1999 hasta el pasado 30 de enero.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, vota durante una sesión para discutir un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas el 5 de febrero de 2026. (Pedro MATTEY / AFP)
/ PEDRO MATTEY
El proyecto señala episodios de crisis de los últimos 27 años, el último de ellos el desatado tras las controvertidas presidenciales de julio de 2024, a raíz de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro proclamada por un organismo comicial controlado por funcionarios afines al chavismo.
Estarán excluidos los casos de violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de drogas “con pena mínima aplicable superior a nueve años de prisión” y “delitos contra el patrimonio público”.
El borrador establece que el tribunal competente, a solicitud del Ministerio Público o de la persona procesada o condenada, verificará “los supuestos de la amnistía en cada caso y decretará el sobreseimiento de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para su anulación mediante sentencias de reemplazo”.
Asimismo, “dictará todas las medidas o providencias necesarias para asegurar el cumplimiento de esta ley, incluyendo el cese de las medidas de coerción personal y de las medidas alternativas a la privación de libertad”.
También se “darán por finalizadas” las investigaciones y se eliminarán “registros y antecedentes”, según el texto.
La normativa fue propuesta por la presidenta encargada en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos iniciado el 8 de enero, casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en suelo venezolano.
Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a Nueva York para afrontar un proceso judicial.
El presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, prometió este viernes ante familiares de presos políticos, congregados en un comando policial en Caracas, la liberación de “todos los detenidos” tras la aprobación de la ley prevista para la próxima semana.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), coalición de la oposición mayoritaria, alertó este viernes de “omisiones graves” en el borrador, como la exclusión de “amplios grupos de presos políticos civiles y militares” o de períodos de “significación histórica” que no forman parte de las coyunturas cubiertas por la ley.
La alianza señaló también que el proyecto no deroga legislaciones como la Ley contra el Odio o la Ley Simón Bolívar que, consideró, forman parte del “marco legal represivo”.
