El pasado junio, el caso de Camila –una menor víctima de la violencia sexual– captó la atención de toda la ciudadanía porque el Comité de los Derechos del Niño dictaminó que el Estado Peruano había incurrido en una múltiple vulneración de sus derechos. Con solo 9 años, Camila conoció en su propio hogar el horror de la violencia sexual, y a los 13 se convirtió en víctima de un sistema que le denegó los servicios mínimos para tratar su situación.
Su historia es una de las 22 reportadas diariamente en los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). ¿Cuántas se producen en realidad? Esa es una gran incógnita. Pero es también una exhortación para que el país se quite la venda y enfrente decididamente el reto de erradicar la violencia sexual por el bien de las víctimas y por el bien común. Un país en el que cada hora un niño o niña es violentado merma sus oportunidades de desarrollo. Al impactarse el desarrollo individual, se afecta el colectivo: en el 2022, la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres le habría significado al Perú una pérdida de productividad de S/22.082 millones.
Quitémonos la venda y reconozcamos que su erradicación demanda un trabajo conjunto de todos los poderes y niveles del Estado y de toda la sociedad. Excelente señal en esa dirección es la reciente y valiente aprobación por el Congreso de la prohibición del matrimonio para todos los menores de 18 años, que ayudará a desenmascarar matrimonios forzados y uniones tempranas que esconden violaciones a niñas beneficiando al abusador. Pero se requiere mucho más que leyes para que la violencia sexual contra la niñez pierda vigencia. Y es que estamos ante prácticas y normas sociales enraizadas en lustros de normalización de comportamientos execrables y delitos que cercenan los derechos de la infancia y condenan a niñas y adolescentes a una vida de más violencia y a continuos embarazos forzados. Mientras menor sea la edad en que se produce la unión, mayor será el número de hijos. Entre el 2013 y el 2022, el Reniec registró 4.357 matrimonios infantiles. El 98% de estos fue entre niñas y adolescentes con un hombre adulto.
Se requiere que esfuerzos como el del MIMP, que acerca servicios a las víctimas de violencia sexual, a través de los centros emergencia mujer en el ámbito provincial y local, encuentren eco en todos los sectores del Estado. Este esfuerzo, seguramente mejorable, necesita de mayor y mejor inversión para hacer que los profesionales que trabajan en él tengan mayor capacitación y puedan ser reconocidos como las autoridades para tratar a las víctimas de una forma profesionalizada.
El que siete de cada diez casos de alguna forma de violencia sexual contra niñas y niños la perpetre alguien conocido y muy cercano plantea al Ministerio de Educación, los municipios, las organizaciones de fe, las organizaciones sociales de base y los medios de comunicación el reto de capitalizar su poder de influenciador social para desnormalizar la violencia y fortalecer el respeto a la infancia.
Desde Unicef seguiremos acompañando el trabajo del Estado Peruano, fortaleciendo capacidades y la internalización del enfoque de derechos de la infancia en los operadores de servicios y los decisores políticos, así como ayudando a niñas, niños y adolescentes a tomar conciencia para que el temor no acalle su derecho a la denuncia y a la demanda de justicia y reparación.
Este 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia y aniversario 34 de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño –y en el marco de la campaña #Quitémonoslavenda–, hacemos un llamado al país a unir esfuerzos en la prevención y atención de la violencia sexual hasta lograr su erradicación. Cerrémosle el paso; ella arrebata la dignidad, la inocencia, la sonrisa y la esperanza de una infancia y de un Perú mejor.
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