¿El gobierno nacional debería retomar la provisión de servicios básicos?

“La corrupción no es solo una atribución de regiones y municipios; está enquistada en todos los sectores”.

Considero que la descentralización no ha funcionado porque en el Perú ha sido un proceso incompleto que se estancó debido a que los diferentes gobiernos nacionales no supieron resolver el problema que lo aqueja:

1. Las políticas de gobierno no afrontan la existencia de disparidades territoriales, sobre todo para la inversión; da lo mismo la Municipalidad de Santiago de Surco en Lima que la de Megantoni en Cusco.

2. No se terminó de definir las competencias y roles de cada nivel de gobierno: hoy el Pronied (Educación), el PNSR (Saneamiento básico rural) y cualquier programa de los ministerios hacen lo mismo que municipalidades pequeñas o gobiernos regionales.

3. La descentralización fiscal nunca se implementó, debido a que no hay una clara delimitación de las fuentes de ingresos, sobre todo en las regiones. Esto crea una excesiva dependencia de la discrecionalidad del gobierno central y produce un sistema de subordinación perverso.

4. Existen limitadas capacidades subnacionales en los procedimientos administrativos de presupuesto, inversión pública, contrataciones del estado y control, que no responden a mejorar la descentralización. Solo contribuyen con el incremento de la “burocracia con procedimientos rígidos” y, sobre todo, con “miedocracia”. Mientras que la contraloría mediatice y no asuma una responsabilidad vinculante, los funcionarios públicos no querrán tomar decisiones y, consecuentemente, se irán. Recordemos que la corrupción no es solo atribución de regiones y municipios; está enquistada en todos los sectores y debemos erradicarla para ser más eficientes.

5. La participación ciudadana y la rendición de cuentas permanentes no tiene una política catalizadora. No se implementaron mecanismos serios de seguimiento y monitoreo; es más, el único que no rinde cuentas es el gobierno nacional.

Entonces, ¿debería el gobierno nacional tomar control de los diversos servicios públicos para garantizar que estos se brinden adecuadamente? Considero que no. Veo un retroceso en las medidas que sigue adoptando el Gobierno. La Ley de Presupuesto 2024, como todos los años, seguro que definirá una asignación de más del 70% para el gobierno nacional, sabiendo que, en el ejercicio fiscal, reducirá su participación al 60%, generando desorden en las transferencias, alentando la corrupción y la poca trasparencia en sus decisiones.

Lo más recomendable era flexibilizar y vincular mejor los diferentes sistemas administrativos. ¿Cómo luchar contra la corrupción si a lo único que se dedica la contraloría es a estigmatizar a las regiones, sin asumir responsabilidad alguna? Y cuando, salvo para los Juegos Panamericanos del 2019, ni siquiera los acuerdos gobierno a gobierno han funcionado.

Debemos entonces recordar la justificación económica de la descentralización: consigue una mejor correspondencia que la centralización entre preferencias y necesidades de los residentes de una región o municipio con los bienes y servicios públicos locales que reciben.

“Los servicios públicos deben verse como un todo, de tal manera que ningún proceso de la cadena de valor quede libre”.

Los servicios públicos que reciben los ciudadanos a nivel nacional son brindados a través del gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno municipal, y a través de empresas privadas concesionarias.

Por ejemplo, la salud y educación pública, transporte, limpieza pública, seguridad ciudadana, luz eléctrica, agua y saneamiento, licencias de conducir, servicios de telecomunicaciones, entre otros. En todos estos servicios, el gobierno central participa de manera directa o indirecta. Los servicios de salud, educación, seguridad ciudadana y licencias de conducir tienen la rectoría directa a través de los ministerios respectivos que brindan asistencia técnica y el financiamiento correspondiente. El servicio de luz eléctrica es brindado mayoritariamente por empresas que pertenecen al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial (Fonafe). Por otro lado, los servicios de telecomunicaciones, sean móvil o de televisión por cable, son brindados por empresas operadoras privadas que han recibido la concesión de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y son regulados por Osiptel.

Como vemos, el gobierno nacional está presente en el ciclo operativo en el que se producen y brindan los servicios públicos; por lo tanto, no es correcto proponer que el gobierno central tome el control de los servicios. Lo que se tiene que hacer es mejorar y fortalecer la articulación entre las diversas instancias de gobierno y la empresa privada. Además, desde el punto de vista organizacional, el nivel de cobertura de los ministerios a nivel nacional es débil, pues estos cuentan con pocas ventanillas de atención al ciudadano. También podemos observar que los servicios brindados por el gobierno nacional en Lima carecen de calidad y eso se refleja en las quejas de los ciudadanos.

Un mecanismo para afianzar la articulación indicada es consolidar la transformación digital del gobierno que implique el fortalecimiento de la descentralización. Es urgente que se emitan y cumplan normas que ayuden a realizar un trabajo conjunto que no genere competencia y paralelismo con las instituciones de los gobiernos descentralizados. También es importante que los organismos reguladores de los servicios públicos concesionados sean fortalecidos para que realicen una real y efectiva supervisión de las empresas privadas que prestan los servicios concesionados.

Los servicios públicos deben verse como un todo, de tal manera que ningún proceso de la cadena de valor quede libre. Por eso, la definición de la participación de las diversas instituciones públicas y privadas involucradas son clave para no dejar vacíos teniendo en cuenta que el objetivo es la generación del valor público orientado a satisfacer a los ciudadanos por el servicio que reciben, por la atención y la solución de sus reclamos. Establecer una cultura del servicio con calidad es fundamental. Podemos hacer uso de paradigmas como el márketing relacional. También es necesario tener presente que los servicios públicos tienen un impacto directo en la calidad de vida de la población y del desarrollo territorial.