Guerra avisada no mata gente

En Lima, en promedio la PNP recibe 900 denuncias mensuales por extorsión. Esa cifra supera largamente la de hace tres años. Esto significa que la extorsión no es una novedad, sino es un delito que ha estado presente en la vida de los limeños y que ha crecido significativamente.

El sector inmobiliario fue uno de los primeros afectados por el cobro de cupos para no atentar contra el éxito de sus proyectos . En Trujillo, los taxistas fueron los primeros en sufrir la extorsión hace más de 10 años; incluso en la misma ciudad, ante el incremento de la delincuencia, operó un grupo clandestino (Escuadrón de la Muerte) para realizar ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes; a todo ello se agrega el hecho de que la población carcelaria también se ha incrementado exponencialmente, generando hacinamiento en los penales. Recuerdo estos datos para decir que la criminalidad no es algo nuevo que aparece en nuestro país; lo nuevo es que se ha expandido con furia hasta generar la muerte y ha masificado el ataque en zonas urbanas y residenciales. Se tenía conocimiento de su existencia, ¿pero los llamados a velar por su erradicación, como en Trujillo, qué hicieron?

Se podía inferir que esto iba a pasar a la luz de la data que proporciona la PNP sobre el aumento de la criminalidad en determinadas zonas; sin embargo, los llamados a tomar acciones para manejar este desborde, como los ministros del Interior y de Justicia, simplemente decidieron hacerse de la vista gorda y continuar haciendo lo mismo: nada. Pero en esta historia no debemos perder de vista a quien ejerce la dirección del gobierno: Dina Boluarte. Constitucionalmente, la presidencia, los ministros y los miembros del Congreso, al tener la más alta jerarquía en el servicio a la nación (art. 39 de la Constitución), tienen algo que decir frente a este desmadre y mucho que hacer, y pronto.

Un presidente dirige la política general de gobierno del país (art. 118 inciso 3) y, como tal, tiene el deber de “proteger a la población de las amenazas contra su seguridad” (art. 44), para lo cual toma medidas como designar funcionarios con la experiencia profesional para el ejercicio de la función que se le encarga. Sin embargo, el incremento de la delincuencia refleja por parte del Ejecutivo el inadecuado manejo de esta crisis.

A todo ello decimos que no se trata de detener a los presuntos delincuentes, sino de saber dónde se va a trasladar a los detenidos. Ese es un tema que el Tribunal Constitucional (TC) visionó hace más de 10 años, pues las estadísticas señalaban que la población carcelaria se incrementaba, pero la capacidad de los penales ya no era suficiente. Existían penales que habían superado seis veces su capacidad. El hacinamiento no solo afecta la propia seguridad de los reclusos, sino que, en algunos casos, convierte a los penales en anexos operativos de organizaciones criminales.

Ante esta situación crítica, el TC, en mayo del 2020, dictó una sentencia estructural para remover la inercia e inoperatividad del Ejecutivo (Ministerio de Justicia), a fin de que tomen acciones sobre la problemática del hacinamiento, para lo cual se le otorgó un plazo de cinco años, para que corrijan el desborde; caso contrario, se tendrían que cerrar algunos penales porque su capacidad ya estaba superada. Además, para que esto no sea una sorpresa para el obligado (el Ministerio de Justicia) el propio TC implementó audiencias de supervisión para pedir informes sobre cuánto iban avanzando en corregir esta problemática. Hoy más que nunca, cuando la criminalidad crece exponencialmente, se torna indispensable que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, muestre las medidas tomadas para reducir el hacinamiento, para lo cual nos preguntamos: ¿cuántos nuevos penales se han construido e implementado?, ¿cuál es la nueva capacidad que se ha incrementado a la ya existente?, ¿se han incorporado los grilletes electrónicos, como alternativa para los presos que no generen peligro social? Boluarte anuncia que el penal de Challapalca les espera a los delincuentes, pero ese penal solo tiene una capacidad para 200 internos; Nayib Bukele en El Salvador, construyó un penal con capacidad para 40.000 personas. ¿Cuánto ha mejorado nuestro país en su capacidad de albergue en los penales? Definitivamente son preguntas básicas que tiene que responder el ministro del sector, pues no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue; pero en este caso, dados los antecedentes de ineficiencia de este gobierno, tenemos la leve sospecha de que no mostrará ningún logro concreto y presente con relación al hacinamiento penitenciario, y en tanto sucede ello, los ciudadanos tenemos que seguir soportando la ineptitud de los funcionarios en la toma de decisiones frente al aumento de la criminalidad.