La presidenta y el mandato de representar a la nación

La Constitución no dice únicamente que el presidente gobierna. Dice algo mucho más exigente: representa a la nación. No representa a su partido, ni siquiera a quienes votaron por él. Representa a un país profundamente dividido, desconfiado y fatigado por años de enfrentamientos estériles. Esa representación no es una fotografía del día de la elección; es una tarea que debe construirse todos los días.

El primer mensaje de la presidenta Keiko Fujimori deja precisamente esa reflexión. Fue un buen discurso de gobierno, pero todavía no terminó de convertirse en un discurso de Estado.

La presidenta acertó al identificar el verdadero problema del Perú. No intentó ocultar la magnitud de la crisis. Describió un Estado debilitado por la corrupción, la ineficiencia y la incapacidad para prestar servicios públicos de calidad. Identificó prioridades —el fenómeno El Niño, la seguridad ciudadana, la infraestructura, la reducción de las brechas sociales y la recuperación económica— y anunció objetivos que podrán ser evaluados por la ciudadanía. Es un avance. Un gobierno que fija metas acepta, al mismo tiempo, ser juzgado por sus resultados.

Pero representar a la nación exige algo más que identificar problemas, fijar prioridades o anunciar objetivos. Exige construir una causa común, un propósito capaz de convocar a la inmensa mayoría de los peruanos, incluso a quienes no votaron por el gobierno. Los países no se transforman únicamente porque tengan buenos diagnósticos. Se transforman cuando una sociedad encuentra una razón para caminar en la misma dirección.

Si ese propósito es reconstruir el Estado, la política será indispensable. La conformación del Gabinete revela que la presidenta ha privilegiado ese componente. No es necesariamente una mala decisión. Durante los últimos años hemos sostenido que el Perú necesita recuperar la política entendida como diálogo, construcción de acuerdos y capacidad para cohesionar una sociedad profundamente fragmentada. Los ministros políticos negocian con el Congreso, explican las políticas públicas, articulan consensos y, muchas veces, absorben el desgaste que, de otro modo, recaería exclusivamente sobre el presidente.

Pero la política, por sí sola, tampoco reconstruye un Estado.

Gobernar exige encontrar un equilibrio entre conducción política y capacidad técnica. Si el objetivo es construir un Estado eficiente, la verdadera prueba no estará únicamente en el Consejo de Ministros. Estará en las designaciones que el gobierno realice en las próximas semanas en las instituciones que sostienen el funcionamiento cotidiano del país: la Sunat, la SBS, la Sunarp, el Indecopi, los organismos reguladores y tantas otras entidades en las que la competencia profesional resulta tan importante como la decisión política. Es allí donde se juega, en buena medida, la posibilidad de que el Estado vuelva a servir eficazmente a los ciudadanos.

Hay, además, un aspecto que el discurso dejó apenas insinuado. El artículo 110 de la Constitución no impone únicamente una función jurídica; también expresa una responsabilidad política y moral. Quien representa a la nación tiene el deber de buscar aquello que une a los peruanos por encima de aquello que los divide. Esa es, probablemente, la tarea más difícil de cualquier presidente y, al mismo tiempo, la condición indispensable para reconstruir la confianza en las instituciones.

La presidenta ha trazado un rumbo. Ha identificado los principales problemas del país y ha fijado prioridades. Eso merece ser reconocido. Pero el desafío que comienza ahora es mayor: convertir ese programa de gobierno en un proyecto nacional capaz de convocar a la inmensa mayoría de los peruanos alrededor de una gran tarea compartida: reconstruir el Estado para que vuelva a estar al servicio de las personas.

Porque solo entonces el presidente dejará de representar formalmente a la nación para comenzar a representarla constitucional y políticamente.