Los vientos que sembramos

Los dichos populares guardan una sabiduría acrisolada por los años. “Quien siembra vientos, recoge tempestades” es el que me viene a la mente ante los lamentables hechos ocurridos estos días en un colegio de Lima. ¿Cómo es posible que ocurran cosas tan graves dentro de un colegio? De la tempestad ya se ha hablado bastante. Quiero detenerme en los vientos que, como sociedad, hemos sembrado: la tolerancia ante las faltas pequeñas y la pérdida de autoridad de quienes educan.

Dicen que la inteligencia artificial hará desaparecer al maestro. No lo creo. Pero en el plano formativo, las leyes y los funcionarios del Ministerio de Educación (Minedu) ya lo han hecho desaparecer de las aulas.

Poner límites es parte esencial de la etapa escolar. Sin embargo, muchos docentes han sido denunciados por intervenir formativamente: una corrección, una llamada de atención o una exigencia pueden ser calificadas de maltrato psicológico. Así, el profesor prefiere no arriesgar su futuro ni el de su familia y deja pasar la falta.

Ningún curso de Educación Cívica ni programa socioemocional dará resultados si los pequeños actos de indisciplina no se corrigen. Un apodo humillante, un empujón en el recreo, una burla que nadie detiene: cuando el adulto responsable no interviene, los alumnos aprenden que las normas no valen y que la injusticia no tiene consecuencias. Cuando la autoridad del colegio no puede hacer cumplir las normas, empieza a regir la ley del más fuerte. Ese es el terreno donde crece el ‘bullying’.

Si queremos recuperar la disciplina, devolvamos la autoridad a los directores. Hoy tienen las manos atadas para poner orden en el aula. La normativa protege con celo los derechos del alumno indisciplinado, pero pierde de vista el derecho de todos los demás a estudiar en un ambiente seguro. Y eso impacta negativamente en el aprendizaje: difícilmente se aprende en un salón donde no hay orden ni se respeta la autoridad del profesor.

Antes, cuando un alumno sacaba malas notas o cometía una falta y era corregido, la familia se reunía con el profesor y le pedía consejo para ayudar a su hijo. Hoy, con frecuencia, va a buscarlo para exigirle explicaciones, pedirle protocolos y reglamentos, y preguntarle: ¿dónde estaba usted? ¿Qué hizo para evitarlo? ¿Quién le dio permiso para preguntarle a mi hijo? Hemos judicializado la relación entre familia y colegio, y olvidamos que la escuela resuelve la indisciplina como lo hace una buena familia: se averigua qué pasó, se escucha a las dos partes, sin considerarlo un interrogatorio fiscal, se decide la corrección que la falta merece y se comunica lo resuelto al alumno y a su familia.

Por eso, la escuela ya no solo debe educar al alumno: también debe educar a los padres. Las familias que más orientación necesitan son las que menos asisten a las escuelas de padres. Y no puede tolerarse que un apoderado falte el respeto a profesores o directivos. Si el colegio puede sancionar a un alumno por una falta grave, también debe poder poner límites a una familia que maltrata a su personal.

El gobierno tiene la oportunidad de devolver al Minedu su rol rector en materia de ‘bullying’. En los colegios privados, quien fiscaliza y sanciona en casos de ‘bullying’ es Indecopi, una entidad creada para proteger al consumidor, no para formar personas. La convivencia escolar es un asunto pedagógico y debe ser conducida por educadores, con una normativa distinta que respalde a quien corrige. Directores y profesores necesitan herramientas de disciplina: retirar a un alumno del aula, suspenderlo y, cuando la falta es grave, expulsarlo.

Para que la escuela vuelva a ser un segundo hogar, los conflictos entre escolares deben resolverse como se resuelven las diferencias entre hermanos: con adultos que intervienen a tiempo, escuchan, corrigen y reconcilian. Corregir a tiempo no es autoritarismo: es cuidar a todos los alumnos, incluidos los que sufren en silencio. Quien no atiende los pequeños vientos termina recogiendo tempestades.