A nivel global, las mujeres representan el 48,3% de la población migrante y cada año son más las que deciden migrar solas o como jefas de hogar. En la mayoría de los casos, lo hacen buscando mejores condiciones de vida para sus familias; sin embargo, muchas también huyen de entornos violentos, de la pobreza y de la inestabilidad política.
Las estadísticas globales indican que al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado algún tipo de violencia física o sexual a lo largo de su vida, y estas cifras aumentan drásticamente en entornos de desplazamiento forzado y emergencias.
Aunque la experiencia nos muestra que la migración puede ofrecer oportunidades para mejorar la vida de las personas migrantes, los procesos migratorios también pueden exponerlas a nuevas situaciones de violencia, redes de trata de personas y otros tipos de explotación; un escenario en el que mujeres, niñas y adolescentes migrantes en su diversidad son las personas más vulnerables y necesitadas de acciones especiales de protección con un enfoque basado en derechos.
A partir del incremento de los flujos migratorios en Latinoamérica, diversas razones han llevado a muchas mujeres –en su mayoría de nacionalidad venezolana– a emprender su propia ruta migratoria, casi siempre motivadas por la búsqueda de medios de subsistencia o con fines de reunificación familiar. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM), en la actualidad viven en el Perú 1,66 millones de personas migrantes de Venezuela, de las que un 49,4% son mujeres, niñas o adolescentes.
El proceso migratorio de estas personas ha significado la pérdida de redes de apoyo en relación con su país de origen, familia, amistades, trabajo, costumbres e identidad. En el estudio “Trayectorias de mujeres venezolanas en Perú: regularización migratoria e integración”, realizado por la Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se establece que, si bien el Perú aparecía como un país viable para lograr sus expectativas y sueños, la travesía y la llegada supusieron obstáculos y retos, principalmente al momento de conseguir un trabajo con buenas condiciones y beneficios, y en el acceso al sistema de salud, pues en ambos casos es central tener un carnet de extranjería.
La integración económica, educativa y social aparecen como los grandes desafíos que enfrentan las mujeres migrantes en el Perú, destacando obstáculos en su regularización migratoria, revalidación de títulos académicos, acceso a servicios básicos y formalidad laboral, lo que las expone a situaciones de discriminación, abuso y explotación.
Para promover la protección y el acceso a derechos de las personas migrantes y especialmente de las mujeres, niñas y adolescentes, la OIM ha trabajado con la SNM en el fortalecimiento de los procesos de regularización migratoria, logrando reducir las exigencias para obtener un carnet de extranjería, aminorando la brecha en el acceso a documentación y, por ende, en la integración social y económica de las personas migrantes.
Este año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la OIM hace un llamado a invertir en las mujeres, adolescentes y niñas migrantes, desplazadas y de la diáspora en toda su diversidad, a acelerar el progreso para la igualdad de género y velar por una migración segura, ordenada y regular para todas.
En el trabajo con el Estado, las organizaciones de base comunitaria y otras agencias del sistema de Naciones Unidas, la OIM promueve el empoderamiento y la generación de resiliencia entre las mujeres, con el convencimiento de que abordar las causas de las desigualdades de género implica también trabajar hacia un desarrollo sostenible, tanto para las personas migrantes como para las comunidades de acogida.
Reconociendo que la migración en América Latina y el Caribe tiene rostro de mujer, nos sumamos con nuestro compromiso de trabajar en la construcción de sociedades más equitativas y justas, en donde ninguna mujer, adolescente o niña en su diversidad étnica, social y cultural sea dejada atrás.
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