Ciudadanos indefensos

Pasado un corto tiempo ambas garantías podrían terminar reposando en papel mojado.

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De pronto nos hemos vuelto ciudadanos absolutamente indefensos frente al COVID-19 que nos coloca quintos en el mundo en contagios y muertes y absolutamente indefensos también frente al desprecio de los poderes políticos y jurisdiccionales por la ley y la Constitución y por los votos que los eligieron.

El Estado de derecho no parece lograr escapar del viejo charco de polarización y confrontación política e ideológica que lo rodea, del que no se salva, por supuesto, el Tribunal Constitucional, última reserva de nuestras máximas garantías de convivencia civilizada.

La presidenta de este organismo, Marianella Ledesma, está más dispuesta a debatir puertas afuera los asuntos contenciosos de su competencia que a examinarlos con estricto rigor jurídico puertas adentro.

Con pandemia o sin pandemia de COVID-19 los peruanos tenemos cada vez menos dudas de que carecemos de reales y efectivas garantías públicas y privadas de atención médica y hospitalaria, como igualmente carecemos de reales y efectivas garantías públicas y privadas de cobertura de los seguros respecto de las primeras.

Hay tantos intereses en juego, estatistas y mercantilistas, que la suerte de cualquier persona en una cama UCI corre muy por debajo del carrusel monetario.

El sistema sanitario nacional ha ingresado en el limbo de la negligencia y la ineptitud del Estado. No hay políticas. No hay planeamiento. No hay gestión. Menos, visión de futuro.

Bien sabemos que no podremos realizar reformas sanitarias, políticas, económicas y sociales de verdad que no sean el fruto de análisis y debates profundos e intensos, así como de concertaciones, acuerdos y consensos, a los que irresponsablemente han renunciado los directamente involucrados.

Ninguna reforma política, que se quiere racional, beneficiosa al interés común y duradera, puede ser el resultado de la imposición de un poder del Estado sobre otro. Ello desvirtúa su naturaleza y fortaleza. La convierte en objeto de ventaja y sumisión. Y más temprano que tarde en objeto de revancha y exabruptos jurídicos. No son reformas que vayan a construir la República y el Estado que tanta falta nos hacen.

Los dignatarios ejecutivos y parlamentarios investidos de poderes fueron elegidos para justamente hacer de la política no solo el arte de lo posible en su versión clásica, sino para lidiar con los desacuerdos y los entrampamientos. El que un poder del Estado no sea del gusto del otro poder del Estado o le haga difícil su trabajo, no le da potestad para pretender disolverlo. La separación de poderes, que da sustento a una democracia, abre un juego amplio de contrapesos y entendimientos. No tiene por qué abrir un juego de exclusión, en provecho de quien busca réditos políticos hegemónicos y en perjuicio de quien termina cayendo en el mismo juego.

Que la justicia haya descubierto pillos en el Congreso no quiere decir que deba suprimirse la inmunidad parlamentaria. Claro que es preciso regularla. Que más de un pillo haya pasado por la presidencia no supone que esta alta magistratura tenga que perder sus prerrogativas y protecciones constitucionales. Que la pillería toque las puertas de los gabinetes ministeriales no es motivo para suprimir el antejucio a que tienen derecho sus integrantes.

Llevamos más de cien días con la voluntad presidencial de promover la unidad de todos los peruanos en torno al objetivo de triunfar sobre la pandemia de COVID-19, aunque los resultados sean de espanto.

¿Por qué el mandatario no puede ser el propiciador indesmayable del gran espacio plural de entendimientos mínimos para sacar adelante una reforma política de veras consensuada, en lugar de convertirla en un campo de batalla entre “buenos” y “malos” peruanos?