El tiro por la culata

Cuando en 1992 se inventaron las AFP (D.L. 25897), se nos aseguró que servirían a tres propósitos:

1. Descargar al Estado del tremendo peso previsional que le generaba un forado fiscal enorme (y que administraba mal) y transferirlo a las espaldas individualizadas de todos los trabajadores. De ahí en adelante, las contribuciones previsionales de los peruanos serían gestionadas profesional y competitivamente por un privado que cobraría una comisión (razonable) por ello, y todo en cuentas individuales (cada uno baila con su pañuelo, porque #SolidaritySucks).

2. Incrementar el ahorro nacional (que Alan I pulverizó) para invertirlo en el Perú y ayudar a cerrar la gigantesca y grotesca brecha de infraestructura.

3. Asegurar que los peruanos que se sacaban el ancho trabajando por 40 o 50 años y/o sus familias, pudieran acceder a una pensión digna cuando ya no pudieran trabajar por la razón que fuera: edad, salud, accidente, invalidez o muerte. Si tu último sueldo fue de S/1.000, tu pensión debería ser de S/500 (pensión digna: una tasa de reemplazo de 50% como mínimo).

Habiendo pasado casi 33 años desde que el ministro de Economía que firmó el decreto que inventó a las AFP abrió la suya, podemos dar una mirada a cómo vamos con los objetivos:

1. El Estado, a través de la ONP, sigue gestionando un fondo de pensiones con 1.4 millones de afiliados y 770 mil pensionistas que le cuesta S/.7,774 millones al año. A pesar de que se han flexibilizado los requisitos para obtener una pensión (antes si no acreditabas 20 años de aportes como mínimo, no veías un centavo de tu plata), menos de la mitad de esos 1.4M de aportantes a la ONP accederá a una pensión (cuyo máximo estándar es menos de S/900). Las AFP se reparten utilidades todos los años independientemente de si sus afiliados ganaron o perdieron y si compiten entre sí, no se nota.

2. El ahorro nacional sí se incrementó de manera importante y se canalizó a obras de infraestructura a través de instrumentos financieros. Por diversas razones, algunas AFP invirtieron parte del dinero de sus aportantes en empresas relacionadas a los grupos económicos de las mismas AFP (y cobraban por ello). Más adelante, como el Perú es un país pequeño y a los afiliados les interesa tener pensión y no que Chavimochic tenga 18 etapas, un porcentaje alto de los fondos salió al extranjero. Eso estuvo bien, pero la brecha de infraestructura, inmensa, sigue allí.

3. Las AFP tienen 10.1 millones de afiliados, pero solo cuatro de cada 10 cotizan (4 millones). Según ellas y sus defensores, 6.4 millones de afiliados tienen menos de una UIT (S/5.350) de saldo lo que, sumado a los casi 2 millones que se quedaron sin saldo tras los retiros anteriores, dejará un total de 8.6 millones de cuentas de afiliados sin saldo tras este próximo 8vo retiro. Si la PEA entera (18 millones) se jubilara mañana, las AFP solo cubrirían a uno de cada 10 peruanos. La tasa de reemplazo que pagan las AFP ronda el 28% (en Chile y México bordea el 35% y en Colombia el 40% (individual, sin subsidios)) como administradoras han sido mediocres, pero como negocio para sus dueños, muy buenas (ROE: Perú 10%-15%, Chile 9%-13%, Mx 8%-12%, Col 8%-12%).

Hay varias moralejas aquí, pero quedémonos con una. Las AFP movilizaron una cantidad enorme de recursos para que el poder de turno en el Congreso les hiciera una ley (Ley de Reforma Previsional 2025) para: 1. Prohibir todos los retiros (voluntarios y el 95.5%) y 2. Obligar a los independientes a aportar, aunque a estos les sea inútil. ¿Por qué? Porque las comisiones que cobran se calculan sobre el tamaño de los fondos que administran: con cada retiro esos fondos se reducen y las AFP cobran (y ganan) menos. Prohibir los retiros impide que el fondo se reduzca y capturar a los independientes asegura una fuente nueva y adicional de recursos para hacer crecer el fondo. Porque ojo: en estricto las AFP no necesitan desinvertir (utilizar el dinero de los fondos que administran) para pagar pensiones: según cifras de la SBS a junio, al mes recaudan S/1.430 millones de 4 millones de afiliados y pagan entre S/600 y S/800 millones a unos 775,000 beneficiarios entre jubilados, inválidos y sobrevivientes.

La rentabilidad era una herramienta de ventas, la obligatoriedad una captura de rentas.

Al principio parecía que las AFP lo habían logrado: la ley se aprobó al guerrazo (con 38 votos de 130 y con truco) y salió el reglamento. Pero cuando los jóvenes (futuros trabajadores independientes, casi todos) salieron a las calles a protestar, los congresistas que promovieron y aprobaron decididamente la ley pro-AFP, se retractaron y en un gesto más patriótico que el pan con chicharrón, le echaron la culpa a otro.

Como el bolsillo es el órgano más sensible del ser humano post Covid y las elecciones son ahorita, el repliegue vino con yapa: el octavo retiro voluntario de 4 UIT.

Aunque los voceros de las AFP no hayan hecho disclaimer alguno y se hayan presentado en los medios como analistas y académicos independientes mientras les cobraban consultorías, vamos a pensar bien. Las AFP hicieron un trabajo de lobby, largo, costoso, sostenido, persistente y perseverante y el pan se les quemó… cuando ya había salido del horno.

El enorme problema previsional del Perú sigue allí, como hace 33 años, pero ahora es más grande (85% de la PEA desprotegida vs. 30%-50% en Chile o México) y complejo. La política, por su lado, tampoco ha cambiado, solo ha desaparecido la vergüenza.