El último llamado a la sensatez

Este domingo 7 de junio, la elección no se limita a escoger entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, ni entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Lo que está en juego trasciende a los candidatos y a las organizaciones políticas que representan. Los ciudadanos deberán optar entre un programa orientado a preservar la democracia representativa, la economía social de mercado y el crecimiento sostenido del país; o una propuesta que impulsa una Asamblea Constituyente, la renegociación de los Tratados de Libre Comercio, una mayor intervención estatal en sectores estratégicos como el gas, el petróleo y los puertos, la nacionalización de empresas y otras medidas que pondrían en cuestión el marco institucional vigente.

Roberto Sánchez, su programa de gobierno, la composición de su plancha presidencial y el entorno político que lo acompaña representan un riesgo para el país. Esta elección no debe entenderse como una contienda entre derecha e izquierda, ni como una disputa entre Lima y las regiones. Esos antagonismos simplistas solo contribuyen a polarizar a la ciudadanía y a ocultar el verdadero debate.

Lo que está en juego es la viabilidad de propuestas impulsadas por figuras que comparten una visión de profunda transformación institucional. Entre ellas se encuentran Brígida Curo, quien promueve una denominada “refundación” del Perú; Antauro Humala, que plantea la recuperación de Arica y Tarapacá, la nacionalización del gas de Camisea y el reemplazo de la Constitución de 1993 por la de 1979; y José Domingo Pérez, quien ha respaldado propuestas vinculadas a una reforma radical del sistema de justicia, incluyendo la elección popular de jueces. Más allá de los nombres propios, el denominador común es la pretensión de alterar las bases institucionales sobre las que el Perú ha construido su estabilidad durante las últimas décadas.

La principal preocupación que despierta una eventual presidencia de Roberto Sánchez no radica únicamente en las medidas específicas que propone, sino en la incertidumbre que proyecta sobre el futuro del país. El Perú ha cometido errores y mantiene profundas deudas sociales, pero también ha logrado avances importantes en crecimiento económico, reducción de la pobreza y generación de oportunidades. Nada de ello ha sido producto del azar, sino de un marco institucional que, pese a sus imperfecciones, ha permitido estabilidad y previsibilidad. Poner en cuestión esos fundamentos sin ofrecer certezas sobre lo que vendrá después constituye un riesgo que no debería ser minimizado.

Preocupa también la visión estatista que inspira buena parte de las propuestas que respaldan a Roberto Sánchez y a quienes integran su entorno político. La experiencia latinoamericana demuestra que las promesas de mayor control estatal sobre la economía suelen derivar en burocracia, ineficiencia y pérdida de competitividad. Los países progresan cuando fomentan la inversión, la innovación y el emprendimiento; no cuando generan incertidumbre respecto de la propiedad privada, los contratos o las reglas del mercado.

Asimismo, resulta inquietante la normalización de discursos que presentan una ruptura con el orden constitucional vigente como una solución a los problemas nacionales. El Perú necesita reformas profundas, pero estas deben construirse sobre instituciones sólidas y no sobre la demolición de aquello que ha permitido preservar la democracia y el crecimiento durante los últimos años. Las sociedades avanzan cuando corrigen sus errores, no cuando destruyen los cimientos sobre los que se sostienen.

Sin embargo, también sería un error ignorar las razones que explican el respaldo que Roberto Sánchez ha encontrado en amplios sectores del país. Durante demasiado tiempo, el Estado y la clase política han sido incapaces de atender adecuadamente las demandas de millones de peruanos que viven fuera de Lima. Las brechas en infraestructura, salud, educación y acceso a oportunidades continúan siendo una realidad dolorosa para numerosas regiones que sienten que el crecimiento económico no ha llegado a todos por igual. Ese malestar es legítimo y merece ser escuchado.

Pero la respuesta a décadas de desatención no puede ser una apuesta por la incertidumbre institucional. Debe traducirse, más bien, en una exigencia firme para que un eventual gobierno de Keiko Fujimori gobierne para todos los peruanos, sin distinciones geográficas, sociales o económicas; que atienda prioritariamente a quienes más lo necesitan y que impulse las reformas pendientes dentro del marco democrático, constitucional e institucional que el país ha construido.

Nada de lo anterior implica sostener que Keiko Fujimori represente la candidatura ideal. Su trayectoria política ha estado marcada por errores, cuestionamientos y una legítima resistencia de parte de amplios sectores de la ciudadanía. Existen razones válidas para discrepar de ella y para cuestionar muchas de las decisiones adoptadas por el fujimorismo a lo largo de los años. Sin embargo, la elección actual no enfrenta a una candidata perfecta contra un candidato imperfecto. Lo que enfrenta son dos proyectos de país profundamente distintos. En ese escenario, Keiko Fujimori ofrece, cuando menos, mayores garantías de estabilidad institucional, respeto al orden constitucional vigente y continuidad de un modelo económico susceptible de ser perfeccionado, pero no reemplazado por una aventura política de consecuencias imprevisibles.

Los ciudadanos acudirán a las urnas para decidir mucho más que el nombre del próximo presidente de la República. Decidirán si el Perú continúa avanzando dentro de un marco democrático e institucional perfectible, o si opta por un proyecto que propone transformar radicalmente las bases sobre las cuales se ha construido el país durante las últimas décadas. En momentos decisivos como este, la responsabilidad exige mirar más allá de las simpatías personales, de los resentimientos políticos y de las consignas ideológicas. Exige pensar en el futuro, en la estabilidad de nuestras instituciones y en las oportunidades de las próximas generaciones. Ese es, en última instancia, el verdadero llamado a la sensatez.