El inicio del gobierno de Keiko Fujimori, su optimista discurso inaugural y el ambicioso proyecto de facultades extraordinarias –que autoriza al Ejecutivo legislar sin barreras durante 120 días– obligan a un diálogo entre delegaciones del oficialismo y la oposición para aclarar objetivos y, sobre todo, acotar temas. Este paso previo resulta necesario, porque las facultades solicitadas son amplias y difusas; una especie de cheque en blanco sobre materias variadas y controvertidas.
El diálogo –que no implica pacto alguno– se justifica no solo por el muy estrecho margen de los resultados electorales, sino también porque la oposición controla la Cámara de Diputados, y si bien el Senado está presidido por el oficialismo, concretaría sus decisiones solo por un voto dirimente. Se impone también porque hay una clara diferencia entre el discurso y el pedido de facultades (si se confirma que corresponde al que ha circulado informalmente).
El llamado de Keiko Fujimori a la reconciliación nacional, por ejemplo, del 28 de julio, ¿es una política de gobierno o una declaración para las tribunas de ese momento? Por otra parte, hay temas claves que requieren un amplio acuerdo, evitando medidas que ya demostraron su fracaso en otros países. Ni el discurso ni el pedido de facultades aportan elementos nuevos sobre la política de seguridad nacional. La función policial que se pretende asignar a las Fuerzas Armadas no ha dado resultados positivos en la región, y en el Perú, no hay un balance de lo actuado durante décadas en el Vraem. ¿Cómo se recuperará la confianza en el Estado y en sus instituciones, para la lucha contra negocios ilícitos con fuerte presencia política y un crimen organizado cada vez más diverso y mejor estructurado?
Por otro lado, el propósito desregulador afectaría los ámbitos más diversos: inversiones, medio ambiente, zonas protegidas, informalidad, pequeña empresa y relaciones laborales, entre otras esferas cruciales. Es riesgoso meter todo en un mismo paquete.
Llama la atención, por último, la falta de un interés expreso –tanto en el discurso como en el pedido de facultades– por la pequeña producción agraria, actividad que alimenta a la población cada día, y que, desde Cajamarca hasta Puno, votó masivamente por la actual oposición. Si el objetivo es emplear el instrumento constitucional que permite legislar con carácter de urgencia, ¿por qué no diseñar un paquete especial para este sector, que incluya acceso al mercado, asesoría técnica y financiera, y créditos estatales y privados?
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