La redistribución del IGV

Mucho se ha comentado la ley recientemente aprobada por el Congreso que redistribuye la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV). Actualmente, de los 18 puntos porcentuales del IGV, 16 van al Gobierno central y los otros 2 al Fondo de Compensación Municipal (Foncomún), un fondo creado por la Constitución para financiar inversiones municipales. Con la nueva ley, la participación del Gobierno central se reduciría gradualmente, entre el 2026 y el 2029, a 14 de los 18 puntos y la del Foncomún subiría a 4. Al final del período de transición, unos S/10.000 millones al año pasarían a ser controlados por el Foncomún.

Los comentarios a la ley han sido mayormente desfavorables. Las dos objeciones principales, sin embargo, son contradictorias entre sí. Se dice, por un lado, que la ley aumentará el déficit fiscal; y, por otro, que las municipalidades no tienen capacidad de gasto. Pero si por falta de capacidad de gasto entendemos que los municipios gastarán una porción menor de esos S/10.000 millones de la que podría gastar el Gobierno central, entonces, el déficit fiscal no debería subir, sino más bien bajar.

En realidad, lo que hay detrás de estas críticas contradictorias es una desconfianza en ambos niveles de gobierno. La ley no tiene por qué aumentar el déficit fiscal. Basta que el Gobierno central reduzca sus gastos en un monto igual a la reducción de su participación en la recaudación del IGV. Puede, sin ir muy lejos, reducir la inversión pública en los distritos, provincias y departamentos que más plata reciban del Foncomún (para inversión, precisamente). Pero ¿podemos esperar que un gobierno que está a punto de incumplir la regla fiscal por tercer año consecutivo recupere súbitamente la disciplina perdida? Ese es el verdadero problema.

En cuanto a las municipalidades, aunque no gasten todo el presupuesto adicional que reciban, que es lo que suele suceder, no hay confianza en que lo poco que gasten lo gasten sabiamente. No debería ser el caso –pero lo es– porque los municipios, estando más cerca de las necesidades de la gente, podrían identificar proyectos de menor escala, quizás, pero de mayor impacto. La ley condiciona el uso de los fondos adicionales del Foncomún a la aprobación de planes “estratégicos”. Lamentablemente, no hay ninguna garantía de que tales planes se aprueben por su contribución al bienestar de la población, y no por otras razones, pues quienes tienen que aprobarlos son los propios alcaldes y municipios que están detrás de esos fondos.