Extorsión al alza

Para solucionar un problema, primero hay que entenderlo. Esa máxima se aplica de manera urgente a la seguridad ciudadana, hoy percibida como el principal problema del país. Entre las primeras medidas del presidente José Jerí estuvo decretar el estado de emergencia en diversas zonas. Sin embargo, según la última encuesta de Datum-El Comercio, la mayoría de los peruanos considera que la situación no ha mejorado. El término “seguridad ciudadana” se ha vuelto tan amplio que muchas veces se pierde de vista lo esencial: cómo la gente vive el miedo, la vulnerabilidad y la violencia del día a día.

En el 2014, el 37% de peruanos declaraba que ellos o un familiar directo habían sido víctimas de un robo. Con el paso de los años, ese porcentaje creció de forma sostenida hasta alcanzar un pico del 50% en octubre del 2024. Es decir, uno de cada dos peruanos había sufrido un asalto o acto delincuencial. La inseguridad, más allá de la estadística oficial, se convirtió en una experiencia cotidiana, transversal a edades, regiones y niveles socioeconómicos.

En abril de este año, las encuestas registraron una reducción en ese indicador, descendiendo a 42% el porcentaje de personas que manifestaban haber sido víctimas. ¿Se redujo la delincuencia? No necesariamente. Lo que creció fue la extorsión. El fenómeno, antes asociado a zonas específicas o rubros económicos particulares, se ha expandido a tal velocidad que hoy la mitad del país afirma conocer un caso cercano, de los cuales un 15% lo ha experimentado de manera directa o dentro de su hogar.

La extorsión genera miedo, sí, pero sobre todo la gente se siente indefensa. No ocurre en la calle, sino en el teléfono, en el negocio, en el barrio. No requiere presencia física del delincuente. No distingue horarios. No depende de si uno sale o no a la calle. Se vive como una invasión al espacio personal, intensificando el sentimiento de vulnerabilidad.

Además, el impacto de estas experiencias no se limita a las víctimas directas. En seguridad, la experiencia indirecta pesa tanto como la propia. Cuando alguien cercano sufre extorsión, secuestro al paso o robo agravado, ese miedo se vuelve propio. Frente a ello, el Estado responde generalmente con medidas reactivas, que incluso pierden eficacia si se convierten en rutina, como es el caso del estado de emergencia.

Qué hacer corresponde a los especialistas, pero la encuesta muestra con claridad lo que la ciudadanía espera. En primer lugar, penas más severas para delincuentes y extorsionadores. Para muchos ciudadanos, el problema no es solo la delincuencia, sino la impunidad. La idea de que los criminales “entran por una puerta y salen por la otra” es una queja recurrente que erosiona la confianza en el sistema de justicia.

En segundo lugar, una reforma profunda de la Policía Nacional. La población percibe una institución debilitada, sobrecargada y, en ocasiones, desarticulada. Se reclaman mejores capacidades operativas, pero también mayor integridad. La policía, para recuperar su autoridad, debe recuperar primero su legitimidad.

En tercer lugar, una reforma del sistema de justicia que aborde no solo su lentitud, sino también la corrupción que lo atraviesa. El ciudadano siente que denunciar no sirve porque nada ocurre después, no solo por la falta de eficacia, sino porque percibe que muchos procesos se traban, se pierden o se distorsionan por intereses indebidos.

Finalmente, un trabajo sostenido de inteligencia que permita desarticular bandas. La extorsión, los robos organizados y el sicariato no son hechos aislados; responden a estructuras criminales que operan con métodos, recursos y redes.

El desafío es enorme, pero comprender el problema con evidencia y sin simplificaciones es el primer paso. La seguridad ciudadana no se resolverá de la noche a la mañana, pero sí puede abordarse con un enfoque integral que escuche lo que la gente vive, siente y teme. Solo así se avanzará de las medidas reactivas o populistas hacia soluciones reales y sostenibles.