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El calificativo de mafia roja no se lo han endilgado a Gregorio Santos y su grupo las empresas mineras, ni El Comercio, ni la Confiep, a quienes el presidente regional de Cajamarca atribuye todas sus desgracias. No. Se lo ha disparado la izquierdista Narda Silva, secretaria general del sindicato de maestros (SUTE Cajamarca) de su región.
Narda Silva tampoco acepta la versión de Goyo Santos de que todo es una maniobra de sus adversarios. “No creo que haya una persecución cuando hay una mala gestión”, ha dicho en una entrevista, desbaratando la explicación con que el presidente regional y sus amigos pretenden desvirtuar las serias acusaciones de corrupción que les han formulado la fiscalía y la contraloría.
“No tiene ni capacidad ni moralidad”, es la concluyente sentencia de Silva, que ha destronado a Patria Roja, el partido de Santos, del SUTE departamental.
En las últimas dos semanas se han detenido o dictado orden de captura a siete funcionarios y empresarios por casos de corrupción en el gobierno regional que preside Santos. El propio presidente regional ya está denunciado por cinco delitos: colusión agravada y simple, asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y genérico.
El empresario y amigo de la familia Santos, Wilson Vallejos –hoy preso-, fue el afortunado ganador de licitaciones por ciento treinta millones de soles desde que Goyo es presidente regional.
Un colaborador eficaz ha entregado un cuaderno con las anotaciones del dinero que Vallejos le pagaba a Santos como ilegal comisión por las adjudicaciones dirigidas. Solo entre diciembre del 2011 y agosto del 2012 fueron 802.100 soles. Y esa no sería la única fuente de sobornos.
El caso de Cajamarca se parece en algunos aspectos al de Áncash. Un gobierno regional con mucho dinero del canon minero, asaltado por una mafia corrupta. También en el hecho de que esto se sabía desde hace mucho tiempo y nadie hizo nada.
La Comisión de Fiscalización del Congreso tenía un dictamen durmiendo desde mayo del 2013 en el que se detallan todas las corruptelas y delitos cometidos por Santos, Vallejos y funcionarios como José Panta y Juan Coronado, hoy presos o con orden de captura. Y no pasó nada. Recién hace tres días, cuando ya había estallado el escándalo, el Congreso lo remitió a la fiscalía.
Además, Santos tiene el dudoso mérito de haber ubicado a Cajamarca como el departamento con más pobreza en el Perú. Luego de la paralización de minas Conga, el despido de 7.000 trabajadores y la anulación de los contratos con medio centenar de empresas locales, vino el cierre de otros proyectos mineros en la región.
La recesión se instaló, los negocios decayeron, el desempleo y el subempleo aumentaron.
Pero no a todos les ha ido mal en Cajamarca con el conflicto de Conga. Al ex sacerdote Marco Arana le ha ido extraordinariamente bien. Según el diario cajamarquino “El Tiempo”, la ONG Grufides de Arana recibía unos 140.000 dólares de donantes extranjeros en el 2011, cuando estalló el conflicto. A partir de allí, con mucha habilidad, Arana convenció a los donantes, sobre todo europeos, que abrieran las arcas de la cooperación. Y los euros y dólares fluyeron a raudales.
Las subvenciones a Grufides se multiplicaron por diez, y esa ONG recibió, según cifras oficiales, un millón y medio de dólares entre los años 2012 y 2014, dinero que, por supuesto, no ayudó a los campesinos pobres –en cuyo nombre los pidió la ONG– a mejorar su situación.
Un antiguo periodista cajamarquino comenta con sorna que algunos partidos políticos tienen su ONG, pero Grufides es la única ONG que tiene su partido político, Tierra y Dignidad, cuyo caudillo es, por supuesto, Marco Arana.
En suma, lo ocurrido en Cajamarca demuestra que la corrupción no tiene ideología. La aureola de honestidad con que pretenden rodearse los izquierdistas es inexistente. Lo cierto es que no han tenido muchas oportunidades. Pero cuando las encuentran, como en Cajamarca, roban como los demás.
Por último, la pretendida unidad de las izquierdas es otra ficción. Están peleados, es todos contra todos sin solución. Por eso sus antiguos aliados no defienden a Santos, sino que esperan su derrumbe para disputarse sus despojos.
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