¿Existe alguna salida?, por Martín Tanaka

Pero la ambición de poder de cortísimo plazo terminó primando: la facción de Acción Popular que estaba en contra de la vacancia terminó plegándose a los obnubilados por establecer un gobierno parlamentario; Alianza Para el Progreso, a través de César Acuña, anunció que votaría en contra, y terminó votando a favor. Fuerza Popular, a través de Keiko Fujimori, anunció que en esta “nueva etapa” apoyarían la gobernabilidad del país, y también cambió de posición. Pero no solo ellos: parlamentarios de Podemos, Somos Perú y Frente Amplio también se sumaron, y así se llegaron a los 105 votos, que siguieron una iniciativa de UPP que invoca la lucha contra la corrupción, cuando lo que pretenden es impulsar su propia agenda: indulto para Antauro Humala, nueva Constitución, pena de muerte, populismo autoritario. El cambio y la alta votación es fruto de un acuerdo político, de una suerte de repartija parlamentaria, que se verá en el Consejo de Ministros del presidente Merino, y de los nombramientos de funcionarios que se planean para las próximas semanas y meses.

Lamentablemente, a pesar de la cuestionable interpretación constitucional que ha producido este resultado, impugnarlo por vías legales parece inviable. Es lo que le ocurrió al Congreso disuelto en setiembre del año pasado: los recursos legales no podían llegar a tiempo (y cuando llegaron no les dieron la razón) para impedir la elección del Congreso actual. Ahora, el presidente Vizcarra tampoco puede iniciar una batalla legal cuando el presidente del Congreso ya ha convocado a su ceremonia de juramentación como presidente de la República para hoy. Probablemente, consciente de ello, el presidente Vizcarra anunció que dejará Palacio de Gobierno esta noche.

Pero Manuel Merino no debería obviar que han vacado a un presidente que contaba con un 60% de aprobación a su gestión; que un 95% estaba de acuerdo con que sea investigado por la Fiscalía y termine su gobierno; que un 77% considera que la vacancia podría afectar a la economía; un 67% a la lucha contra el COVID-19, y un 64% a la realización de las elecciones del próximo año. Al mismo tiempo que un 65% de los encuestados desaprueba el desempeño del Congreso, según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos de octubre. Debería ser consciente de que un gobierno fruto de una repartija parlamentaria nos condena a una continua crisis de legitimidad, que resulta peligrosísima en medio de la emergencia sanitaria, de la necesaria reactivación económica, de tener elecciones y una transición mínimamente ordenada. Otro gran peligro: populismo demagógico express buscando la legitimidad de la que carece.

Muy probablemente tengamos múltiples manifestaciones de protesta y se hará evidente el aislamiento de un gobierno exclusivamente parlamentario ante la sociedad. Si el gobierno de Vizcarra parecía débil y aislado, ahora comprobaremos el viejo adagio de que siempre se puede estar peor; aislado no ante el Congreso, sino ante la sociedad. ¿Hay salida de esta situación? La clave es que Merino tome consciencia de que ya no puede pensar como presidente del Congreso, sino como Jefe del Estado. El país es mucho más grande y complejo que las negociaciones entre bancadas en la Junta de Portavoces.