Es casi una costumbre de los mandatarios peruanos tratar de afrontar momentos de baja popularidad con un aumento del sueldo mínimo. Un ‘regalo’ al pequeño grupo de trabajadores peruanos que laboran en el sector formal y que perciben sueldos por debajo de la remuneración mínima vital (RMV), cuyo costo tienen que cubrir en mayor medida las aún convalecientes pequeñas y microempresas.
Y, desde el lado político, todo estaría dado para que Dina Boluarte decida, ante la falta de consenso entre empleadores y trabajadores en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), incrementar por decreto la RMV. La popularidad de Boluarte está por los suelos y el Gobierno no tiene muchas otras oportunidades para dar buenas noticias, en medio del descontento por el avance de la criminalidad organizada y ad portas de la cumbre del APEC 2024.
Pero, desde el punto de vista económico, no hay ninguna base para este aumento. No ha habido un avance de la productividad que permita justificarlo y las cifras de crecimiento de la economía son más un reflejo de los pobres resultados del 2023 que de la recuperación robusta de los sectores responsables de la mayor parte de la generación del empleo formal en lo que va del año.
El Instituto Peruano de Economía (IPE) ha estimado, conservadoramente, que la RMV se encuentra un 12% por encima de lo que habría correspondido si se hubiera aplicado la fórmula que se aprobó en el CNT en el 2007 y que ningún gobierno ha tenido la voluntad política de poner en práctica.
Abandonada por el momento la discusión sobre la definición de una metodología para definir la RMV lejos de los caprichos presidenciales, era previsible el desacuerdo en el CNT sobre el sueldo mínimo que se confirmó esta semana. Los trabajadores exigieron un aumento de, como mínimo, S/1.025 a S/1.330; mientras que los empleadores propusieron que, más bien, no se realice ningún cambio, pues la economía peruana ha estado inmersa en un proceso recesivo desde el último incremento realizado en el 2022.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) planteó, por su parte, que se eleve entre S/105 y S/120, opciones que seguramente son las que ahora barajará el Gobierno, pues el titular del sector, Daniel Maurate, ha señalado que, tras la falta de consenso en el CNT, “queda en el Ejecutivo el deber del aumento de la remuneración mínima vital”.
Que se concrete este “deber”, sin embargo, significaría que Boluarte repetiría la receta fallida de sus antecesores y creería, erróneamente, que elevar el sueldo mínimo le servirá para algo más que generar un par de titulares a costa de poner en aprietos a las empresas más vulnerables, sin mover ni un ápice su alicaída popularidad.
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