Hace unos días, el aeropuerto Jorge Chávez fue escenario de un hecho abusivo e inconstitucional: el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue impedido de viajar a Estados Unidos debido a una alerta migratoria emitida por MIGRACIONES. Esta medida se basó en la Resolución de Superintendencia N° 000203-2023-MIGRACIONES, publicada el 15 de diciembre de 2023.
Dicha resolución es, en la práctica, un impedimento de salida del país sin mandato judicial. Esto es inconstitucional. Solo un juez, tras una audiencia de partes, puede restringir un derecho fundamental como el libre tránsito. En una democracia, esa audiencia debe garantizar que la defensa pueda exponer por qué no corresponde aplicar la medida, y el Ministerio Público, si lo considera necesario, argumentará lo contrario. Pero imponer esta restricción por vía administrativa, sin debido proceso, vulnera garantías esenciales.
Es cierto que habrá quienes celebren esta decisión, especulando que PPK pretendía fugarse o eludiendo el debate legal detrás del hecho. Sin embargo, el análisis no debe centrarse en la persona, sino en el principio: hoy fue un expresidente; mañana podría ser cualquier ciudadano.
Cuando una autoridad administrativa como MIGRACIONES actúa por encima de su competencia —supliendo la omisión del Ministerio Público al no solicitar el impedimento judicial oportunamente— estamos frente a un uso abusivo del poder. La falta de acción de una institución no puede ser corregida ilegalmente por otra, mucho menos a costa de los derechos fundamentales de un ciudadano.
No esperemos a que una medida arbitraria le ocurra a un amigo, a un familiar, o a nosotros mismos para recién alzar la voz. Las normas deben respetarse sin importar el apellido del afectado. La legalidad no puede ser selectiva. El respeto por el debido proceso es la piedra angular de la democracia y la única garantía real de que la justicia no se convierta en una herramienta de abuso.
Editorial
