Algo importante ha ocurrido: expertos de varios partidos se reunieron el martes 3 en un foro en ESAN para exponer sus propuestas sobre lucha contra la criminalidad. Antes, representantes de sectores extorsionados como transportistas, construcción civil, pymes y Gamarra expusieron su problemática y las medidas que reclaman.
José Luis Gil, de Renovación Popular, explicó que lo primero es definir bien la naturaleza del enemigo. El enemigo, según él, es una “cultura criminal” que ha entrado al país y que tiene tres objetivos. El primero es obtener dinero en las capas más bajas de la sociedad, con la finalidad de crecer en otros dos objetivos: control territorial (como ya ocurre en Pataz y algunos barrios de Lima y Trujillo) y, por último, control político, como ya ha ocurrido, por ejemplo, en México, donde más de 30 alcaldes fueron asesinados este año. Esta cultura criminal no se ataca simplemente con operativos. Se requiere de una estrategia integral en la que participen todos.
Jorge del Castillo, del Apra, sostuvo que lo primero es que los partidos consensúen una política de Estado que sea aplicada por quien gane las elecciones. Aplicarla demanda decisión política, liderazgo y coordinación. Según Juan Villarán, del PPC, para ello se requiere un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana mucho más ejecutivo, integrado solo por los responsables directos de esta lucha: el presidente, el presidente del Consejo de Ministros, los ministros de Interior y Justicia, los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y el jefe del INPE, y que coordine con los titulares del Poder Judicial, la fiscalía y el Congreso. Es decir, un centro de comando. Juan Carlos Liendo, de Avanza País, abogó por activar el Consejo de Seguridad Nacional.
Todos señalaron la urgencia de reestructurar y potenciar la Policía Nacional, cuyas brechas de equipamiento, tecnología, logística, personal e idoneidad le impiden dar una batalla efectiva. Miguel Lostaunau, de Fuerza Moderna, y Alberto Pinto, de Fuerza Popular, demandaron aplicar el Plan Mariano Santos de la PNP, según el cual cerrar esas brechas al 2030 costaría S/18.630 millones. Este monto, ajustable, requiere la decisión política de reestructurar el presupuesto nacional, postergando o recortando otros gastos, pues estamos en guerra.
El tema de la policía comunitaria y la prevención es fundamental. Villarán propuso una unidad especial comunitaria, conformada por personal policial jubilado y personal licenciado de las Fuerzas Armadas. Liendo apuntó que la seguridad privada debía integrarse a la seguridad ciudadana municipal, junto con el serenazgo. Y reforzar las comisarías. Del Castillo y Lostaunau resaltaron la importancia de trabajar con la familia y con los jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis). Faltó señalar la necesidad de una alianza con la población (juntas vecinales, asociaciones, etc.).
Juan Villarán propuso cárceles productivas y pabellones adicionales en las prisiones existentes, lo que podría hacerse en pocos meses, y habilitar cuarteles en desuso para cabecillas. Gil planteó habilitar inmuebles incautados mediante obras por impuestos para internos de baja peligrosidad.
Hubo muchos más aportes. Lo importante es que se expresó el propósito de integrarlos en la formulación de una política de Estado común. Ojalá.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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