La Misión Internacional de Observación, encargada de verificar la transparencia en la selección de los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo clave en el nombramiento, ratificación y sanción de jueces y fiscales, ha presentado un reciente informe que contiene graves cuestionamientos: “Al concluir su segunda visita al Perú, la Misión […] observa con preocupación un serio déficit de transparencia en las primeras etapas del concurso para la selección de sus nuevos miembros, en relación con la aprobación del reglamento y bases del concurso, la convocatoria a los interesados/as y la publicación de antecedentes de personas postulantes por parte de la comisión especial a cargo de la selección” (22/8/2024).
Así, en el Perú se estaría perfilando una nueva estrategia para mantenerse en el poder sin necesidad de ganar las elecciones. El paso fundamental sería tomar el control de la JNJ, lo que permitiría influir en el nombramiento de jueces y fiscales, colocando amigos o conocidos en puestos claves del sistema judicial. Al mismo tiempo, se obtendría la capacidad indirecta de sancionar a magistrados que no son del agrado de determinados grupos de poder o que se consideren “demasiado” independientes.
Es de Perogrullo, pero hay que recordarlo: el Poder Judicial, incluido el Ministerio Público, es un componente fundamental del Estado. Si bien sus integrantes no son elegidos por voto directo, como en otros países, esto no lo hace menos poderoso ni le resta injerencia en la vida política. Hoy, numerosas decisiones de alta repercusión política están siendo tomadas en los ámbitos del sistema judicial.
Guatemala es un claro ejemplo de cómo los perdedores de las elecciones generales pueden hacer lo imposible por obstruir el ascenso del ganador, poniéndole mil obstáculos legales para impedirle asumir la presidencia. Ahora, ya en el gobierno, la administración democrática del presidente Bernardo Arévalo enfrenta una nueva ofensiva: “Más de 100 personas, entre jueces, fiscales, activistas y periodistas, han sido criminalizados y perseguidos por el Ministerio Público y los tribunales de justicia. Se estima que al menos 43 fiscales, jueces, defensores de derechos humanos y periodistas se han visto forzados a huir del país debido a la persecución judicial y amenazas” (“El País”, 21/8/2024).
Sí, se puede incluso perder, pero seguir teniendo un poder político central de decisión, sobre todo si el sistema judicial resulta copado.
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