La honda crisis que afecta a los poderes del Estado y su defectuosa y hostil relación entre sí no los van a resolver las elecciones generales del 2026. Solo podrá hacerlo la voluntad moral y política concertada de quienes están hoy y lo estarán mañana al frente de todos ellos: Ejecutivo, Congreso, fiscalía, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia (JNJ), Tribunal Constitucional (TC), contraloría y Defensoría del Pueblo.
Los poderes son lo que sus responsables elegidos o designados quieren que sean. No tienen que culpar a nadie de sus incompetencias e indecisiones propias. Pero eso sí: no hay uno que pueda negarse a tener controles y contrapesos.
El caso de la JNJ (nombra, evalúa y sanciona a magistrados) revela, en su composición y dirección anteriores, cómo pudo establecer un ilegal y abusivo procedimiento “express” para destituir a fiscales y jueces que ningún organismo competente pudo después corregir de manera igualmente “express”. Recién el TC lo hace, abriendo tardíamente un horizonte reivindicativo y de sanciones que no sabemos qué alcance e impacto podrán tener.
Le escuchamos decir al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que si llegara a la presidencia pondría en marcha un rápido ajuste de cuentas con quienes han torcido y retorcido las instituciones de justicia. En verdad podría hacer eso y mucho más, siempre que tuviese mayoría en el Congreso y de su lado a jueces y fiscales probos que quieran mirar hacia dentro de sus hoy intocables reductos. Podría, eso sí, prometer, con más seguridad, dotar a la presidencia de una organización y eficiencia de la que carece hace mucho tiempo y que la hace funcionalmente híbrida, entre ficticia y monárquica, cuando pretende sostenerse en su absoluto mando vertical.
El otro caso, el de la fiscalía, a la que el expresidente Martín Vizcarra arrastró a su falsa cruzada anticorrupción para encubrir sus propias ocultas acusaciones penales, encierra el dilema de si es capaz de salir por sí sola de su creciente descomposición o verse forzada a hacerlo a instancias de la JNJ y del Congreso. De lo que se trata es de poner fin a la intromisión política en sus fueros y al espíritu de cuerpo y de impunidad que atraviesa sus principales mandos y cuadros. El necesario y efectivo paso al costado de la actual Junta de Fiscales, para facilitar el acceso a esta de una nueva generación de magistrados, podría impedir la intervención de otros poderes del Estado, que pudiera resultar arbitraria.
Los poderes del Estado están pues entrampados en sus propias crisis, sin poderlas manejar ni encontrar una salida estratégica. La reingeniería jurisdiccional, jerárquica y administrativa profunda que haya que practicarse en todos ellos reclama una imprescindible voluntad moral y política desde dentro y desde fuera.
La cuestión histórica de cómo los poderes del Estado ahondan o recuperan la confianza pública perdida en ellos depende de la ceguera y negligencia de sus cúpulas para insistir en sus fracasos o de la transparencia y entereza de estas para dejar de ser parte del problema y asumir el desafío de la solución.
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