¿Quién es responsable?

El cambio climático preocupa a los peruanos. Según el último estudio de Datum y la red WIN, el 89% considera que el calentamiento global constituye una grave amenaza para la humanidad, uno de los porcentajes más altos de los países de América incluidos en el estudio. Más preocupante aún, el 56% considera que ya es demasiado tarde para frenarlo.

Sin embargo, cuando pasamos de la preocupación a la acción aparece una contradicción. El 72% de los peruanos afirma que le gustaría vivir de manera más sostenible, pero reconoce que muchas veces no realiza los cambios en su comportamiento. Es decir, existe conciencia sobre el problema e incluso voluntad de actuar, pero ambas no siempre se traducen en cambios concretos en la vida cotidiana, pues no saben cómo hacerlo.

Quizá por ello, la mirada se dirige hacia otros actores. El 73% considera que los verdaderos esfuerzos en materia de sostenibilidad y medio ambiente deben ser de las empresas y el gobierno. Es el porcentaje más alto entre los 11 países de América evaluados y supera a Argentina (70%), México y Paraguay (69%), Chile (67%) o Colombia (64%).

La magnitud del desafío ambiental requiere la participación de todos. Las decisiones individuales sobre consumo, disposición de residuos o uso de recursos tienen un impacto, pero muchas dependen de las alternativas disponibles. Es más fácil adoptar comportamientos sostenibles cuando existen productos, servicios e infraestructura que los hacen posibles y accesibles.

Allí aparece el rol de las empresas. El estudio realizado por Datum entre ejecutivos muestra que existe interés por avanzar hacia una gestión más circular y, sobre todo, que las compañías empiezan a identificar la sostenibilidad como un tema que debe comunicarse. Esto es relevante porque comunicar no significa únicamente mostrar lo que se hace. Supone documentar, medir y hacer transparentes los compromisos y resultados.

La comunicación puede cumplir en contribuir a visibilizar casos de éxito que sirvan de referencia. Difundir prácticas a través de campañas, foros y medios no solo permite acercar la economía circular a los ciudadanos, sino también ayudar a otras empresas que muchas veces no saben por dónde empezar. Compartir aprendizajes, resultados y modelos aplicables puede acelerar la adopción y reducir la incertidumbre. En ese proceso, la capacitación y una comunicación sostenida son herramientas importantes para ampliar capacidades y facilitar que más organizaciones pasen de la intención a la acción.

Pero las empresas tampoco pueden hacerlo solas. Cuando se pregunta qué podría acelerar la adopción de prácticas circulares, el 65% de los ejecutivos menciona beneficios tributarios o incentivos fiscales. También aparecen barreras que exceden las posibilidades de una empresa individual. El 48% señala la falta de conocimiento o capacidades técnicas, 30% la falta de proveedores de materiales secundarios o reciclados y 29% las deficiencias de infraestructura logística para recolección y tratamiento.

Esto coloca al Estado en un rol distinto al de simplemente regular. Le corresponde generar las condiciones para que las decisiones sostenibles sean más fáciles y viables, desarrollando infraestructura, generando incentivos, promoviendo capacidades y facilitando la articulación entre los distintos actores. Si queremos que más empresas transformen sus procesos y que más ciudadanos modifiquen sus hábitos, las alternativas deben estar disponibles y ser competitivas.

La economía circular requiere dejar de discutir a quién le corresponde la responsabilidad. Los ciudadanos pueden modificar sus hábitos, las empresas transformar la manera en que producen y el Estado crear los incentivos y condiciones que faciliten ambos cambios. Los propios resultados del estudio apuntan en esa dirección. Existe preocupación ciudadana, interés empresarial y una demanda de mayor acción pública. El reto es lograr que esas tres fuerzas avancen en la misma dirección.