Segunda vuelta: no más 2021

Para la segunda vuelta, será un grave error si se repite una campaña electoral como la del 2021, de confrontación sin cuartel… para después negociar hasta lo inimaginable, como ocurrió en el actual Congreso.

De pasar a la segunda vuelta Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, sería elemental que tomaran en cuenta lo que implica la existencia de muy diversas derechas e, igualmente, muy diversas izquierdas. Los votos que ambos candidatos han conseguido son los más altos hasta el conteo de hoy, pero al mismo tiempo son muy bajos en relación con el total. Esto hace que la campaña se les complique, porque tendrán un reto agregado: convencer a quienes querrán votar blanco o viciado, o no votar. Hay numerosas personas cansadas del mal menor.

Dicho de otra manera, la confrontación no solo es entre los dos y sus fieles. Tienen al frente una tribuna gigante, cavilando sobre qué hacer con su voto. Si la campaña se reduce a señalarse como “terrucos” y “fachos” –sabiendo, por lo menos la mayoría de ellos, que “los otros” no son ni fachos ni terrucos—, ambos grupos serán responsables de que se profundice la grieta producida en el país desde el 2021. Hasta por razones pragmáticas, las polarizaciones extremas no les convienen a los contendientes, pues la política, las instituciones y los políticos acabarán aún más desprestigiados.

La situación política del país no soporta cinco años más como los recientes, y los contendores no deben ignorarlo. Para enfrentar el reto de la inseguridad ciudadana y otros de igual o mayor importancia –pobreza, carencias de infraestructura, falta de inversiones–, urge que el Estado funcione mejor: que sea más eficiente y, sobre todo, recupere legitimidad. Para conseguirlo, la lucha política debe preservar los cauces democráticos. El respeto mínimo entre el oficialismo y las oposiciones es aconsejable, pero lo crucial es que desde ya se comprometan a salvaguardar la independencia de poderes.

En el Perú pasamos de las ofensas y venganzas políticas a los acuerdos en la sombra y bajo la mesa con una facilidad increíble. En buena hora si esos acuerdos beneficiaran intereses públicos; el problema surge cuando, como la mayoría de los recientes, son tratos patrimonialistas, convenidos en función de intereses privados. Como se ha demostrado en los últimos años, es posible lograr acuerdos políticos; lo indeseable es que se hagan al servicio de intereses particulares, y no del bien común.