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Seguridad ciudadana: ¿se invirtió la tendencia?, por Carlos Basombrío Iglesias*

“Si responsabilizamos a las instituciones por lo malo que ocurre, admitamos que tienen un mérito cuando los cambios son positivos”.

Carlos Basombrío Iglesias Analista político y especialista en temas de seguridad

Giovanni Tazza

"Según el INEI, el 87,3% de la población no denuncia el delito del que fue víctima". (Ilustración: Giovanni Tazza)

La encuesta especializada en seguridad ciudadana del INEI confirma una cierta tendencia a la mejora en las cifras en el país en ese aspecto. Es verdad que no es nada para cantar victoria o bajar la guardia. De hecho, aún estamos muy lejos de la meta y, si nos descuidamos, lo que baja puede volver a subir.

Si pensamos en la vida cotidiana de la gente, el factor más relevante a medir es la victimización. Es decir, el número de personas que en las encuestas especializadas señalan haber sido víctimas de un delito en el año precedente. Algunos congresistas usan la evolución de las denuncias en comisarías como indicador, más bien, de deterioro. Nada más lejos de la realidad. Siempre según el INEI, el 87,3% de la población no denuncia el delito del que fue víctima. Es decir, que un incremento en las denuncias, como el que de hecho se ha producido a lo largo de estos años, es más bien una noticia positiva, porque indica algo más de confianza en la policía (aunque todavía muy poca).

La victimización llegó a su pico histórico en el 2011, cuando la impactante cifra de 40% de la población mayor de 15 años fue victimizada (casi una de cada dos personas) y de allí empezó a bajar. En julio del 2016 la encontramos en 30,7% (una de cada tres personas) y la dejamos en diciembre del 2017 en 25,8% (una de cada cuatro). En abril pasado, las últimas cifras disponibles se mantienen en ese punto. Para el caso de Lima Metropolitana, la encontramos en 34,3% en julio del 2016 y para diciembre del 2017 había bajado a 27,8%. Este abril está en 27,2%.

Ahora bien, varios medios de comunicación han comentado la misma encuesta y han enfatizado que la percepción de inseguridad de la población (a saber, el temor de ser victimizado en el futuro) es muy alta. Eso es cierto, pero se obvia que para toda apreciación estadística de la realidad importan las tendencias. En el caso de la percepción de inseguridad, esta tiende en América Latina a duplicar y hasta triplicar la victimización del momento. Y aunque acompaña su bajada, lo hace de manera tardía y más lentamente. La percepción de inseguridad llegó, en el Perú urbano, a su pico máximo en mayo del 2016 (90,4%) y empezó a bajar en setiembre del 2016. A diciembre del 2017 llegó a 85,5%, y en abril de este año está en 84,9%. ¿Seguirá bajando? Ese será el dato que importe.

Un indicador complementario de este cambio de tendencia es que ya no es la principal demanda al Gobierno. Así, en la encuesta de El Comercio-Ipsos de este mes, el delito como factor de desaprobación del presidente Martín Vizcarra aparece en el cuarto lugar, cuando por muchos años estuvo en el primero. Por otro lado, “lucha contra la delincuencia” ya aparece como factor de aprobación, algo inimaginable hace algunos años.

¿A qué se deben estos resultados? Si responsabilizamos a las instituciones por lo malo que ocurre, admitamos que tienen un mérito cuando los cambios son positivos. Esta tendencia a la mejora se inicia en los últimos años de Ollanta Humala y se consolida con Pedro Pablo Kuczynski. Ahora bien, no solo son las políticas nacionales, sino también los esfuerzos de muchos gobiernos locales y también de la propia población para protegerse.

No hay un camino fácil por delante. Pero si el Gobierno le pone un acento especial a la lucha contra el delito, si continúa con la modernización de la policía y el INPE, si estimula cambios en la justicia que disminuyan la impunidad, y si en todas esas instituciones se hace un esfuerzo constante por bajar la corrupción, creo que podríamos llegar al 2021 con una victimización menor al 20% (menos de una de cada cinco personas víctimas de un delito en un año).

Sorprende así que el Gobierno no haya considerado esta entre sus prioridades (me refiero al primer ministro César Villanueva en su presentación ante el Congreso). Más todavía cuando cada vez es más difícil saber qué es lo que realmente quieren (y pueden) conseguir como gobierno en estos años, y ello les ocasiona creciente desaprobación.

CODA: Hace 20 años no teníamos herramientas serias para medir la evolución de la seguridad ciudadana. Gracias al INEI, desde hace algunos años contamos con una serie estadística suficiente como para hacer y medir políticas públicas en esa materia. Construidas por el mismo instituto, tienen la metodología que permite medir pobreza, crecimiento, salud pública, acceso a servicios, etc. El tamaño de la muestra es de 38.204 personas (las encuestas de opinión, siempre útiles, se aplican a no más de 1.400 personas). Esta se hace en 28 ciudades y en Lima en 36 distritos. Como investigador del tema, puedo sostener que hemos pasado a tener la más completa y frecuente (¡es mensual!) información para definir y evaluar las políticas públicas de seguridad ciudadana de toda América Latina. ¡Usémosla!

*El autor fue ministro del Interior durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski

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