El tren Lima-Chosica no ha solucionado ningún problema de transporte en la ciudad porque no existe. Más allá de si es una donación o una compra barata de US$22,3 millones, lo cierto es que los 93 vagones y 20 locomotoras que Rafael López Aliaga trajo desde California siguen inservibles, acumulando polvo y generando solo expectativas, más de un año después de su pomposo arribo al Perú.
Esta semana, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, hizo que el “tren de Porky” transitara al menos por nuestra memoria al volver a cuestionar el carácter de su adquisición: “Primero hay que decir la verdad, no se trató exactamente de una donación, ha sido una compra, una compra del municipio de Lima a la empresa Caltrain”.
López Aliaga salió a defender su “donación” y aseguró que Rey “está creando un problema gravísimo diplomático con Estados Unidos”. Pero el verdadero problema no es con Estados Unidos, es con la mentira. En junio del 2025, el ahora candidato aseguraba que en julio ya habría marcha blanca –una prueba con pasajeros– y advertía protestas si el MTC no ayudaba. No ocurrió ni lo primero ni lo segundo.
El problema de fondo sobre la adquisición de estos trenes se expuso desde el principio: se trajeron vagones antes de tener un proyecto ferroviario. El especialista en transporte Roberto Vélez lo resumió con una imagen: “Es como tener un avión sin aeropuerto”.
La infraestructura debe acomodarse para que los pasajeros se transporten sin sufrir daños. Pero se resolvió primero el componente más visible y menos importante –el material rodante– y se dejó para después (o para nunca) lo que en realidad define si un sistema de transporte funciona: la ingeniería y la planificación de demanda.
Hoy no hay estaciones ni paraderos a lo largo del trayecto, tampoco accesos adecuados, señalización ni condiciones de seguridad para un servicio masivo. Ni siquiera existe el estudio de demanda que debería decir dónde ubicar esas estaciones y cuántos pasajeros se movilizarían realmente. Sin ese estudio, cualquier número manejado –15 mil, 200 mil– es una proyección sin sustento técnico.
El corredor pertenece al Ferrocarril Central, operado bajo una concesión público-privada de carga. Traer un tren de pasajeros no activa automáticamente un servicio de pasajeros: incorporarlos requiere una adenda al contrato vigente, lo que implica redefinir quién invierte, quién opera y quién asume los riesgos, y podría cambiar el esquema de autofinanciado a cofinanciado por el Estado.
Es decir, nunca se resolvió la pregunta más elemental de cualquier proyecto de este tipo: ¿bajo qué modelo de negocio y de gestión va a operar? Esto antes de comprar el material.
Cuando el MTC convocó a los colegios profesionales (ingenieros, arquitectos, economistas) a mesas técnicas para destrabar el proyecto, la conclusión conjunta fue que la implementación completa –liberación de áreas, expediente técnico, obras– tomaría aproximadamente 39 meses, más de tres años. En esas mismas mesas, la posición fue unánime: “No se puede iniciar sin estudios, expedientes y condiciones de seguridad”.
Hoy Pro Inversión, la agencia de promoción de la inversión privada, trata de darle forma a una promesa de campaña que se empujó sin mayor planificación. La pregunta es si el “tren de Porky” puede significar el primer choque entre el gobierno de Keiko Fujimori y sus aliados de Renovación Popular. Al menos, el ministro Rafael Rey no ha tenido ningún reparo en ponerle freno al tren de ilusiones.
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