Editorial: Seleccionar antes de votar

Cuando le faltaba poco más de un mes para culminar su gestión legislativa, la actual representación nacional decidió acometer una serie de tareas muy delicadas, entre las que se contaban la aprobación de algunas modificaciones constitucionales y la elección de los seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que deben reemplazar a aquellos que ya tienen su mandato vencido.

Como se sabe, tras un primer intento de aprobar un cambio constitucional referido a la cuestión de confianza (que no alcanzó los 87 votos requeridos), esa parte del empeño fue dejada de lado. La iniciativa para elegir a los nuevos miembros del TC, en cambio, ha seguido su marcha y si la solicitud de la bancada de Acción Popular (que es la mayoritaria) encuentra eco en la Junta de Portavoces, la votación para ese fin podría producirse el 8 o el 9 del mes siguiente.

Desde distintas tribunas se ha sugerido que, en la medida en que se trata de una decisión que gravitará de modo determinante sobre las acciones del gobierno que se inaugure el próximo 28 de julio, quizá convendría que fuese asumida por el Parlamento que se estrenará en esa misma fecha. Pero el actual Congreso ha resuelto ir adelante con el proceso y desde el punto de vista legal, tiene todo el derecho a hacerlo.

Una vez más, no obstante, el temor es que, por la necesidad de llegar a acuerdos para alcanzar los 87 votos necesarios para elegir a cada magistrado, se produzca aquello que en el pasado reciente fue llamado “una repartija”. Esto es, un cambalache de respaldos entre bancadas que permita que cada una de ellas coloque a “su candidato” en la nueva conformación del Tribunal que nos ocupa. Una operación en la que terminaría primando el criterio de la suma de votos sobre el de la selección de los postulantes idóneos para ejercer el cargo.

Apunta en ese sentido, por lo pronto, la naturaleza de las preguntas que se les ha venido planteando a los aspirantes en las entrevistas con la comisión encargada de evaluarlos, pues en muchos casos han sido invitaciones a un adelanto de opinión sobre los asuntos que podrían tener entre manos una vez convertidos en magistrados, como sugieren los siguientes ejemplos: “¿Usted está de acuerdo con el aborto?”, “¿Cómo define y cómo entiende usted respecto a la incapacidad moral permanente que hoy día está en nuestra Constitución?” (sic), “¿Qué opinión le merecen la concentración de mercado, los oligopolios y monopolios en el desarrollo económico de un país como el Perú?”, o “¿Podría usted señalar si es que los niveles de inmunidad que tiene un congresista guardan equilibrio con los niveles de inmunidad que gozan el presidente de la República, los ministros y altos dignatarios del Estado?”.

Lo que se busca con preguntas como esas parecería ser, pues, asegurarse el predominio de determinadas opiniones en el futuro TC, antes que la calidad de sus integrantes. ¿No sería acaso más relevante conocer la experiencia profesional o la capacidad de análisis de los postulantes que sus puntos de vista sobre materias tan específicas como espinosas? ¿Estamos una vez más ante un procedimiento que antepone la conveniencia política a la meritocracia?

“La ley no dispone que el de mejor nota [en la evaluación] será magistrado: gana el que tenga más votos”, decía en una entrevista a este Diario en setiembre del año pasado el vocero de la actual bancada de Fuerza Popular, Diethell Columbus. Y sus palabras suenan hoy como una amenazante premonición.

La posibilidad de que este Congreso consiga nombrar a la totalidad de miembros del TC que hace falta es remota; máxime en un contexto en el que muchas de las bancadas han exhibido una vocación por dividirse en votaciones importantes. El esfuerzo por hacer una efectiva selección de candidatos antes de llegar a ese trance, sin embargo, es una obligación moral que la representación nacional tiene con el país y de la que no debe sustraerse.