Ayer se celebró en nuestro país el Día del Maestro. Una efeméride que sirve para conmemorar a todos aquellos que realizan una labor vertebral –y, muchas veces, mal retribuida y en condiciones sumamente adversas– para el país. También, al menos para los adultos, para recordar a todos los maestros con los que nos cruzamos alguna vez en las aulas y dejaron una profunda e imborrable huella en nuestra formación.
Por una ironía del destino, sin embargo, la fecha ha coincidido con una semana en la que se han destapado casos de maestros que enseñaban en colegios con títulos falsos. Maestros que, más allá de las consecuencias penales que tendrán que afrontar, han violado la razón fundamental de ser de su profesión: la de enseñarles con el ejemplo a sus estudiantes la importancia de un valor tan escaso en el país como el de la honestidad.
El domingo, en efecto, “Punto final” reveló que siete docentes que enseñan en colegios de Ventanilla y que obtuvieron sus plazas debido al peso de sus currículos presentaron títulos a nombre de institutos en los que, en realidad, nunca estudiaron o que sencillamente no existen. En el colmo de la desfachatez, los certificados de algunos de ellos consignaban que habían concluido carreras en instituciones que no las dictaban y estaban firmados por supuestas autoridades que nunca lo fueron. Cabe anotar, además, que esta verificación debió haberla realizado la UGEL correspondiente, por lo que la posibilidad de estar ante la corona de un ‘iceberg’ profundo es bastante alta.
De hecho, a raíz del reportaje mencionado, esta semana el Ministerio de Educación (Minedu) anunció que ha dispuesto que se realicen las corroboraciones de los títulos profesionales de los docentes contratados en todo el país “con la finalidad de contar con maestros formados en universidades e institutos superiores como la mejor garantía de una buena educación de las niñas y niños del Perú”. El problema, no obstante, es que estamos ante filtros que claramente no funcionan y que han dejado en evidencia la poca capacidad de los fiscalizadores para verificar algo que debería ser esencial: la correcta preparación de quienes se encargan nada menos que de formar a nuestros niños y adolescentes. Como bien señala el educador Paul Neira, “hay un desfase en términos de capacidad de equipos operativos en las UGEL para poder comprobar todos los documentos que son presentados en el proceso de contratación”, por lo que esta situación podría repetirse una vez que amaine la tormenta.
Pero el problema no se agota allí. El mes pasado, la Unidad de Periodismo de Datos de este Diario (EC Data) reveló que más de 130.000 docentes en todo el país ejercen sin un título profesional, pese a que la Ley General de Educación estipula que todos los docentes deben contar “con título en educación”, a menos que enseñen áreas especializadas (lo que no es el caso). Peor aún, pese a que en el 2020 el Minedu les dio a los colegios privados un plazo de cinco años para que todos sus profesores obtengan un título universitario, desde entonces el número de maestros sin licenciatura ha aumentado en más de 11 mil.
Ello, sin hablar de otro tipo de supervisiones que también son apremiantes, como la de los establecimientos que funcionan como escuelas y que, en muchísimos casos, no cumplen las condiciones más básicas para brindar el servicio.
Estamos, pues, no solo ante un engaño a los alumnos con maestros sin las credenciales técnicas ni morales para brindar el servicio, sino también ante un atentado contra el futuro del país, más aún luego de una pandemia que golpeó como una bomba a nuestro sistema educativo y luego de un gobierno como el de Pedro Castillo, que instrumentalizó al sector para sus fines sindicales y políticos.
Lo visto esta semana demuestra que no basta con la palabra de los maestros, y las autoridades pertinentes deben ser quienes se encarguen de corroborar, cuanto antes, que todo lo que dicen ser realmente esté respaldado.
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