Editorial: Dime de qué presumes…

Una resolución ministerial firmada por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y publicada ayer en “El Peruano” ha establecido “como política de comunicación social, de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Poder Ejecutivo”, el uso del lema “Siempre con el pueblo” en toda publicidad institucional informativa, así como en aquella en la que “se le comunique a la población los servicios que se le brinda”. El texto de la norma agrega que esta se sustenta en “la necesidad de adoptar acciones que contribuyan a la optimización de la política de comunicación del Poder Ejecutivo, de manera que la población obtenga una mayor y mejor información sobre las tareas que realiza”.

El argumento, como se ve, supone que la sola enunciación de ese supuesto compromiso permanente del Gobierno con “el pueblo” hará que la gente comprendida en ese concepto caiga en la cuenta de la presunta veracidad del aserto o, que por lo menos, la dé por sentada. Una pretensión, a todas luces, absurda.

Para empezar, el concepto es en sí problemático, pues, como hemos señalado ya desde estas páginas, estamos ante una abstracción demagógica. “El pueblo” es una expresión que sirve para aludir, sin hacer distinciones, a lo que en realidad es un vasto universo de individuos con ideas propias y que forman ocasionales mayorías y minorías sobre las materias que puedan ser sometidas a su consideración. Pero aun haciendo a un lado el inconveniente de que hablamos de un impreciso conjunto de personas con distintas percepciones acerca de las necesidades que padecen y la forma en que estas tendrían que ser atendidas –es decir, asumiendo simplemente que se trata de una fórmula para referirse a la mayoría de la población–, la frase elegida por el Gobierno para encabezar las comunicaciones oficiales es desafortunada, porque una administración no está del lado de las mayorías por el sencillo hecho de decir que lo está.

Lo que hace falta para que esa proclama adquiera visos de verosimilitud es, lógicamente, una gestión que le dé contenido. Lo que hay que preguntarse, en consecuencia, es si la acción de este gobierno se ha traducido hasta el momento en una mejora de la situación de las mayorías. Y el estado actual de la economía, así como las magras perspectivas de crecimiento para el próximo año, dicen que no. Los retrocesos emprendidos en importantes reformas en los sectores Educación y Transportes, por otra parte, son también muestras palpables de que el bienestar de gruesas porciones de la población, antes que avanzar, ha retrocedido.

Algo parecido cabe señalar acerca de las aseveraciones del presidente sobre la corrupción: no basta que él se declare enemigo de ese flagelo para que lo sea. Por el contrario, sus intentos de proteger a funcionarios de su entorno que están o estuvieron comprometidos en actos que motivan justificadas suspicacias lo muestran, por decir lo menos, como tolerante con ese mal endémico del Estado Peruano. Y su renuencia a dar la información que se le ha requerido sobre los visitantes del inmueble del pasaje Sarratea, en Breña, lo muestra bajo una luz aún menos favorable.

La insistencia del mandatario por incluir en sus discursos fórmulas en las que abundan la palabra ‘pueblo’ y las alusiones a su hipotética cruzada contra la corrupción dejan en realidad todo el sabor de ser más bien una manifestación de aquello que el viejo refrán “dime de qué presumes y te diré de qué careces” expresa. Es decir, son prácticamente confesiones de parte sobre lo que él mismo identifica como el pie del que su gobierno cojea.

Amén de inútil (porque no consigue el propósito que se plantea), el nuevo lema del Ejecutivo es entonces falaz, como la creciente desaprobación presidencial de la última encuesta nacional de Ipsos para este Diario ha revelado: si un 58% de la ciudadanía reprueba la gestión de este mandatario, queda claro que ni él está “siempre con el pueblo” ni el pueblo está siempre con él.