Ecoteva, el principio del fin

Judicialmente hablando, la semana que termina ha sido bastante recargada. El martes, en primer lugar, nos enteramos de que un juez había aprobado el requerimiento fiscal para incautar el millonario patrimonio de la Universidad Alas Peruanas (UAP), de los herederos de quien fuera su fundador y del sobrino de este, el ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez. Al día siguiente, se dictó la sentencia que condenó a 12 años de prisión al exministro del Interior y dos veces aspirante a la Alcaldía de Lima, Daniel Urresti, por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988. Y en la tarde del jueves, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para Sergio Tarache Parra, el feminicida que le prendió fuego a su expareja el sábado 18 de marzo y que luego huyó del territorio nacional ante la pasividad de nuestras autoridades.

En el medio, sin embargo, otro suceso pasó relativamente desapercibido. El miércoles, después de una década de que se conocieran los hechos que lo gatillaron, comenzó el juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp, su suegra Eva Fernenbug, su exjefe de seguridad Avraham Dan On, el hijo de este, Shai Dan On, y el abogado David Eskenazi por el presunto delito de lavado de activos en el marco del Caso Ecoteva. La fiscalía ha pedido más de 16 años de cárcel contra el exmandatario y su esposa por este proceso.

Como sabemos, actualmente el fundador de Perú Posible se encuentra prófugo de la justicia peruana desde hace seis años en Estados Unidos. Y todos hemos visto los esfuerzos denodados que ha desplegado en el último tiempo para dilatar su extradición a nuestro país, donde es requerido también por el Caso Odebrecht. Este último es el que lo señala de haber recibido un soborno de US$35 millones por la adjudicación de la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur a la constructora brasileña y el que está a punto de traerlo de regreso al país del que salió presurosamente en el 2017.

Y aunque, como muchos expertos han señalado, es imposible separar ambos procesos contra el ex jefe del Estado, pues Odebrecht y Ecoteva están unidos umbilicalmente en la medida en que el dinero que Toledo habría recibido de la primera firma habría ido a parar a la segunda para financiar varias de sus operaciones inmobiliarias, es un buen momento para recordar que fue este último el que puso al descubierto las contradicciones del expresidente para explicar su patrimonio.

En buena cuenta, hoy sabemos que Odebrecht depositó las coimas pactadas con Toledo en Confiado International Corp., una empresa de propiedad del amigo de este, el ya fallecido Josef Maiman, que corroboró esta información con el Ministerio Público unos años atrás. De aquí, el dinero fue transferido a dos firmas más que, a su vez, la movieron a Ecoteva Consulting Group, una empresa con sede en Costa Rica fundada sospechosamente por dos personas sin mayor capacidad adquisitiva y del que salió el dinero con el que la suegra del expresidente compró una casa en Las Casuarinas y una oficina en Surco, y con el que la pareja Toledo-Karp pagó la hipoteca de sus propiedades en Camacho y en Punta Sal.

Cuando el caso explotó una década atrás, las explicaciones que intentó dar el expresidente terminaron por hundirlo. En sus palabras, el dinero de Ecoteva pasó de ser una indemnización que recibió su suegra por ser víctima del Holocausto a una herencia de un marido supuestamente millonario del que había enviudado, y luego a ser un préstamo de Maiman que al poco tiempo se convirtió en una inversión de este. Versiones que, como dijimos en este Diario en el 2014, demostraban que Toledo tenía “mucha mejor imaginación que memoria”.

Probablemente, en los próximos meses Toledo esté de regreso en nuestro país y las evidencias que lo vinculan al Caso Odebrecht (y que son tan numerosas como sugerentes) vuelvan a ocupar las primeras planas. Pero no olvidemos que fue Ecoteva, cuyo juicio oral comenzó esta semana, el que significó el principio del fin para el expresidente.