Editorial: El protector de Maraví

Han pasado más de 120 horas desde que el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, pusiera su cargo a disposición a través de una carta difundida en sus redes sociales y todavía no conocemos la respuesta oficial del presidente. Por supuesto, que no se haya pronunciado de manera expresa no equivale a decir que el mandatario no ha mandado un mensaje al respecto. Y, en este caso, el mensaje deja poco espacio para la interpretación: tratándose de una renuncia que se ventiló hace casi una semana y que supuso el ridículo público de su primer ministro, Pedro Castillo ha decidido colocarse como protector de Maraví. O, lo que es lo mismo, como protector de un ministro cuyos nexos con Sendero Luminoso son cada vez más numerosos e incontestables y cuya censura en el Congreso –a juzgar por los parlamentarios de distintas bancadas que ya han pedido públicamente su remoción– parece inminente.

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Solo esta semana, como sabemos, se ha conocido por diversos medios –entre ellos, El Comercio– que al menos dos senderistas reconocieron al actual titular de la cartera de Trabajo como uno de los suyos hace 40 años. El primero de ellos, Víctor Reyes Cconislla, implicó a Maraví en atentados terroristas contra un local de Acción Popular y contra las instalaciones de Electro-Perú en Huamanga, Ayacucho, en un interrogatorio policial que tuvo lugar en mayo de 1981. El segundo, Juan Alarcón Gutiérrez, declaró ante la policía en agosto de 1981 –luego de ser detenido– que Iber Maraví no solo había participado en atentados con senderistas, sino que también era el responsable de la “zona norte” en el organigrama de Sendero Luminoso, lo que sugiere que su participación en la sanguinaria secta era más orgánica que circunstancial.

Estos indicios, además, se suman a una plétora de vinculaciones que el país ha ido conociendo en las últimas semanas, como los atestados policiales en los que el nombre del ministro aparece junto con los de subversivos, como Edith Lagos y Arturo Morote Barrionuevo, las fotografías y videos en los que aparece como asistente en primera fila en una actividad del Conare-Sutep, la facción sindical del magisterio cuyos líderes pertenecen o cultivan una abierta cercanía con el Movadef (a saber, el brazo político de Sendero Luminoso), o su reunión en la mismísima sede del Ministerio de Trabajo con integrantes o adherentes del Movadef.

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Así, su sola presencia en el Gabinete supone en estos momentos no solo una afrenta para todos aquellos que defendieron esa democracia –precaria y con muchas carencias, es cierto, pero democracia al fin y al cabo– que las huestes de Sendero Luminoso intentaron hacer estallar por los aires y para quienes se dejaron la piel en su custodia. También, resulta un agravio para la policía, cuyos efectivos han seguido luchando en las últimas décadas contra los remanentes de los subversivos y contra sus herederos; una policía cuyo jefe máximo es, por si hace falta recordarlo, el propio Castillo.

Las interrogantes que cabe hacerse son, pues, preocupantes. ¿Por qué el presidente Castillo se empecina en mantener en su cargo a un funcionario al que a estas alturas calificar como ‘senderista’ no parece una infamia, cuya censura en el Parlamento luce ya inevitable y cuya continuidad ha supuesto el desplante frente a todo el país de su jefe del Gabinete? ¿Por qué el mandatario prefiere esperar tozudamente a que el Legislativo remueva a un funcionario que solo le reporta pasivos políticos en lugar de licenciarlo él mismo? Y valgan también algunas preguntas más inquietantes, ¿qué le debe el presidente Castillo a Maraví o a sus defensores dentro del Ejecutivo que le impide firmar su carta de renuncia? ¿A quién o a quiénes teme defraudar si lo hace?

No nos engañemos. Iber Maraví es un enemigo de la democracia y quienes, a pesar de todo el cúmulo de evidencias en su contra, todavía siguen protegiéndolo no son otra cosa que sus cómplices.

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