Editorial: El terror en los planes

El lunes, los medios de comunicación de todo el país dieron cuenta de un atentado terrorista perpetrado en el centro poblado San Miguel del Ene, en el distrito de Vizcatán del Ene, en Satipo, Junín, por una columna del Militarizado Partido Comunista del Perú, conformado por remanentes de Sendero Luminoso en alianza con el narcotráfico. El ataque, consumado con armas de fuego contra civiles inocentes, cobró 16 vidas. De estas, cuatro eran niños. Los delincuentes, además, dejaron panfletos en la escena del crimen con consignas inquietantes, entre las que resalta un llamado a boicotear el proceso electoral del 6 de junio.

Como dijimos ayer, se trata de un hecho que nos remite a las peores épocas de la barbarie senderista y que nos recuerda que esta peste aún está lejos de desaparecer. Desgraciadamente, este es otro episodio –aunque más impactante al haber involucrado a cuatro menores de edad– en una larga historia de ataques terroristas en el Vraem.

Las circunstancias, entonces, exigen que se tomen nuevas medidas para lidiar con el problema. Es evidente que los esfuerzos que se han llevado a cabo en los últimos años no han sido suficientes para pacificar el territorio en cuestión, aunque el trabajo y esfuerzo de las fuerzas del orden –en cuyas filas se han registrado el mayor número de víctimas– siempre ha sido digno de homenaje. Así, nuestra atención debería estar puesta en los partidos políticos que buscan liderar el Ejecutivo a partir del 28 de julio y en qué pretenden hacer para enfrentar esta situación.

Fuerza Popular, por ejemplo, dedica varias líneas de su plan de gobierno a la materia y alude explícitamente a “acabar con los remanentes terroristas de Sendero Luminoso de los Quispe Palomino”. Asimismo, se refiere a la erradicación de la coca ilegal y a la aplicación de programas de desarrollo alternativo. En el debate técnico, además, Fernando Rospigliosi aseguró que iban a “exterminar a los terroristas del Vraem en los primeros seis meses”. Un objetivo que, en honor a la verdad, suena poco realista dada la complejidad del territorio y que debería ser complementado con una estrategia más completa.

Perú Libre, por su parte, en su plan de gobierno, apenas menciona una vez al Vraem y en un contexto distinto al de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Tampoco existe mención a Sendero Luminoso ni a sus remanentes. En cuanto al tráfico ilícito de drogas, el documento se refiere a ello cuando habla de su política medioambiental, por los efectos que tiene sobre la flora y la fauna y porque “eleva el costo de vida y trae sicariato”. También menciona el asunto cuando se refiere a empadronar a los agricultores de hoja de coca. En ninguna medida se plantean iniciativas ambiciosas para lidiar con el mal que nos ocupa.

A la ausencia de un plan estructurado para enfrentar el terrorismo se le suma el hecho de que múltiples de sus miembros tienen vínculos con Sendero Luminoso o el Movadef, su brazo político. Guillermo Bermejo, congresista electo por esta agrupación, está enfrentando un proceso ante el Poder Judicial por su supuesta afiliación a la mencionada banda criminal. Por su lado, Pedro Castillo lideró un gremio sindical con individuos que, según la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la PNP, estaban asociados con la aludida organización prosenderista. En buena cuenta, el aspirante al sillón de Pizarro y su equipo tendrían que conjurar las sospechas que pesan sobre ellos antes de siquiera pensar en terminar con esta lacra en el país.

Pero si algo ha dejado claro lo ocurrido el domingo en el Vraem es que el próximo gobierno debe tomar medidas severas para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico. El Estado no puede ser un mero espectador de las acciones de una pandilla de cobardes ni ser permisivo con sus apologistas o admiradores. Tiene que cerrarles el paso.