Editorial: La caja de Palacín

Desde que inició funciones, el gobierno de Pedro Castillo ha mostrado una infatigable vocación por nombrar a personas con graves cuestionamientos de naturaleza moral, antecedentes penales o sin los pergaminos adecuados (cuando no los tres juntos) en puestos claves. En estos casos, las designaciones han respondido más bien a un criterio de filiación partidaria (aquellos afiliados a Perú Libre o cercanos a sus líderes) en desmedro de la experiencia o la especialización.

La semana pasada, por ejemplo, varios especialistas advirtieron sobre los riesgos potenciales para el país de contar con un jefe de la DINI que no muestra mayor formación o experiencia en inteligencia. Lo que sí exhibe el elegido José Luis Fernández Latorre, en cambio, son 30 sanciones disciplinarias durante su paso por la policía y tres intentos de ascenso fallidos en dicha institución.

Pero los nombramientos polémicos no terminan allí.

Ayer se publicó en el diario oficial “El Peruano” la resolución suprema que designa al abogado Julián Palacín Gutiérrez como nuevo presidente del Consejo Directivo del Indecopi… una persona que, muy al tenor de lo que parece buscar esta administración, no cuenta con experiencia en temas vinculados a los de la institución que presidirá (solo se sabe que ha trabajado en el estudio de abogados de su padre), y sí, por el contrario, con una innegable afinidad hacia Perú Libre, expresada en sus dos candidaturas al Congreso por dicho partido (en el 2020 y en el 2021) y en la defensa que hizo de su fundador cuando se le preguntó por los problemas legales de este (“servicio de inteligencia ve a Vladimir Cerrón como el próximo presidente del Perú”, le dijo a “Panorama”).

Indecopi, como sabemos, es una de las pocas instituciones públicas que se han conducido con relativo éxito en los últimos años. Su lucha contra la concertación de precios y cárteles en algunos sectores, así como su labor en la eliminación de barreras burocráticas, han demostrado que, en las manos correctas, puede ser una herramienta valiosa para los ciudadanos. Lamentablemente, lo contrario también es verdad: puesto en las manos equivocadas, puede infligir un daño considerable, cuando no catastrófico, en la economía nacional.

Las consecuencias podrían ser múltiples. Recordemos que estamos frente a un gobierno que ve ‘monopolios’ en cualquier lado, que ha dado claras muestras de no entender cómo funciona una economía de libre mercado y cuya bancada en el Congreso ha llegado a presentar un proyecto de ley para establecer un control de precios. Así, el Indecopi de Perú Libre podría, por ejemplo, usar de manera equivocada el recientemente implementado control previo de fusiones para frenar una unión válida entre dos empresas impopulares (o para favorecer a un competidor de ambas). En esa línea, podría también sancionar conductas perfectamente lícitas porque, a su juicio, le parecen ‘monopólicas’ o para ganar algunos puntos de engañosa popularidad en un sector de la ciudadanía.

Podría, asimismo, controlar precios de manera indirecta; por ejemplo, sancionando supuestas ‘cláusulas abusivas’ en algunos negocios. También, por supuesto, existe el riesgo de que la política de eliminación de barreras burocráticas de la que hablamos anteriormente quede en papel mojado o que, bajo el discurso efectista de proteger la industria local, se dicten medidas antidumping con el objetivo de favorecer a algunas empresas nacionales en desmedro de la libre competencia de la que nos beneficiamos todos los consumidores. En pocas palabras, el mandato del señor Palacín podría destapar una genuina caja de Pandora con efectos perniciosos e incalculables para todos los peruanos.

Por supuesto, tampoco podemos ignorar aquí el riesgo que entraña la posibilidad de que lo que ocurre hoy con Indecopi se repita pronto en otras instituciones cuyos nombramientos están en manos del Ejecutivo, como Ositrán, Osiptel, la Sunat o el mismo BCR…, lo que, de manera encadenada, podría despertar el efecto de una bomba de racimo en una economía que, de por sí, ya muestra un pronóstico poco auspicioso. Y si dentro del Ejecutivo no les interesa evitar este escenario, quizá en el Congreso podrían comenzar a moverse antes de que el daño sea irreversible.