Editorial El Comercio

Ayer, tras postergar su presentación ante la justicia peruana por más de seis años –se le impuso prisión preventiva en el 2017 por el –, el expresidente se a las autoridades en California, , para ser extraditado al Perú, donde debe responder por los serios indicios que lo comprometen en actos de corrupción y lavado de activos. A saber, los concernientes a las coimas de Odebrecht, en un proceso en el que se le imputa haber recibido US$35 millones para beneficiar a la constructora brasileña con la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, y a , cuyo juicio ya comenzó y que se vincula al anterior en la medida en que tiene que ver con las acciones que habrían realizado Toledo y sus parientes para introducir el dinero de los sobornos al circuito legal.

El camino para llegar hasta este momento no ha sido nada sencillo. De hecho, ha estado marcado por los esfuerzos infatigables y hasta desternillantes del exmandatario por evitar, con uñas y dientes, que se le regrese al país que alguna vez dijo amar y defender. Ese derrotero, incluso, ha supuesto que el nombre del Perú , no solo por los argumentos de Toledo, con los que quiso describirse como un perseguido político, sino también por su conducta errática y francamente bochornosa, que alcanzó un pico en el 2019, cuando se le arrestó en la vía pública.

Sin embargo, en los dos últimos meses, desde que en febrero el Departamento de Estado de EE.UU. por los delitos de colusión y lavado de activos, las medidas tomadas por el fundador de Perú Posible para demorar su llegada a nuestro país han sido múltiples y han estirado el derecho hasta límites inadmisibles. Con cada paso, en fin, Toledo quiso hacer creer a los magistrados estadounidenses que él era una víctima y que su lucha contra el régimen fujimorista en los albores del siglo XXI fue el origen de todos sus males. Una estratagema de la que, hasta cierta medida, hicieron eco estadounidenses, como Steven Levitsky y Francis Fukuyama, en una misiva que firmaron para pedir que se suspendiera su proceso de extradición.

De nada le sirvió al expresidente tampoco el papelón que hizo al querer desde una jurisdicción en la que sus pedidos habían sido fundadamente rechazados a otra, aduciendo supuestas garantías judiciales; todo con el fin de demorar su retorno. Un ardid que, por el contrario, le valió que una jueza le terminara llamando la atención por esta conducta. Tampoco le terminó sirviendo al final la breve suspensión que consiguió, con la venia del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de la Corte de Estados Unidos, para presentar un enésimo recurso de reconsideración contra su extradición. Medidas que, junto con otras, fueron postergando el desenlace que se anunciaba inminente desde febrero. Como para ser fiel a la imagen que millones de peruanos se han labrado de él, además, esta semana su abogado afirmó que ya no presentarían más recursos… solo para terminar elevando una desesperada “moción de urgencia” que fue denegada de manera instantánea.

Derrotado y próximo a ser privado de su libertad, Alejandro Toledo continuó con sus desvaríos e intentos por victimizarse. En declaraciones a la prensa este jueves, por ejemplo, insistió con una de sus elucubraciones más socorridas: “No me perdonan el haber tenido el coraje de regresar a mi país para ser presidente”. Delirios de grandeza que se marchitan fácilmente cuando se considera que se le acusa de haberse vendido por varios millones de dólares, traicionando así al país y especialmente a quienes le confiaron su voto en más de una oportunidad.

“Todos vuelven a la tierra en que nacieron”, dice el vals. Toledo vuelve y por fin rendirá cuentas ante el país que en algún momento le confió el cargo más alto del Estado. Su detención, luego de dos meses de recursos, prórrogas y rechazos, finalmente se ha consumado.

Editorial de El Comercio

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