El último desvarío de Toledo

El expresidente Alejandro Toledo agota sus armas legales y retóricas para impedir su extradición al Perú. Después de que sus recursos obtuvieran resultados negativos en la jurisdicción de California, ahora ha vuelto a la Corte de Columbia y ha solicitado una reconsideración de la resolución a través de la que se le negó que la ejecución de su extradición a nuestro país fuese suspendida.

En su alegato, el exmandatario sostiene que la jueza Beryl A. Howell se equivocó al rechazar su pedido para que el Departamento de Estado de EE.UU. le otorgase la posibilidad de debatir su extradición en la etapa ejecutiva de modo semejante a como se hizo en el terreno judicial. Solicita, por eso, una reconsideración de la mentada decisión a fin de que se le conceda una audiencia para presentar en forma oral sus argumentos y que se dicte a ese efecto una medida provisional de suspensión de su extradición.

Lo singular de este nuevo pedido, sin embargo, radica en el cuadro que traza de la justicia peruana para dar sustento al planteamiento de que su procesamiento en nuestro país resulta cuestionable. Según el documento presentado esta vez, aquí “la mala conducta de los fiscales es rampante” y el sistema de justicia penal se encuentra entre los peores del mundo; muy por debajo del de países como China, Nigeria, Sudán e Irán. De ser extraditado, se añade, el ex jefe del Estado sufriría una prisión preventiva prolongada que, dados sus 78 años y su delicado estado de salud, podría acarrearle la muerte antes de que siquiera hubiese llegado a ver el interior de una sala del tribunal. Se arguye asimismo en el recurso que Alejandro Toledo es “un objetivo particularmente vulnerable” en el Perú por haber llevado adelante una presidencia innovadora y una política progresista, así como por sus orígenes indígenas y por haber “derrocado” al fujimorato. Se le atribuye, en ese sentido, la condición de “poderosa figura política” de extrema derecha a Keiko Fujimori. Y a otros fujimoristas supuestamente bien ubicados en el Gobierno, la capacidad de “influir, manipular o corromper por completo un caso penal como este”.

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Se trata, desde luego, de una imagen muy distorsionada del sistema de justicia peruano y de la situación política en el país, pero vale la pena desvirtuar cada uno de los ingredientes que la componen, pues revelan el nivel del desvarío del expresidente en su afán por impedir el cumplimiento de su destino legal.

Para empezar, la pretensión de que la justicia penal es aquí muy inferior a la que existe en China (que es una dictadura), Irán (donde impera un régimen teocrático) o Sudán (una nación en guerra) no soporta análisis alguno. Con todos sus defectos, y a pesar de los desatinos de los actuales ministros de Justicia e Interior al intentar salir en una foto en la que no les tocaba estar, el Ministerio Público ha demostrado a lo largo de los últimos años su independencia del poder político. ¿De qué otra forma se podría explicar, si no, la cantidad de expresidentes y líderes partidarios que están hoy detenidos o enfrentan procesos que podrían llevarlos a la cárcel?

Con esa misma reflexión, se desbarata también la postulación de una Keiko Fujimori muy poderosa. Ella, como se sabe, ha estado en detención preliminar o prisión preventiva tres veces en los últimos años. Y al ex secretario general de su organización política le acaban de embargar todos sus bienes.

La especie de que fue Toledo quien “derrocó” al fujimorismo a principios de este siglo, por otro lado, es hiperbólica, por decir lo menos. El gobierno de Alberto Fujimori cayó, en realidad, por el escándalo de los ‘vladivideos’, es decir, a causa de su propia podredumbre. Finalmente, el intento de victimizarse por sus raíces indígenas es una mala copia de algo que ya era malo en origen: la monserga con la que Pedro Castillo pretende distraer a la opinión pública internacional con respecto al hecho indisputable de que dio un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.

Ante este desvarío uno no sabe si reír o indignarse. Pero una cosa es clara: tiene todo el aspecto de ser el último, pues ayer el juez Thomas S. Hixson ordenó que Toledo se entregue a las autoridades el viernes a primera hora a fin de ser detenido.