Sal de medianoche

En julio del 2019, desde este espacio resaltamos la importancia de la implementación de los octógonos negros en el sistema de etiquetado de alimentos y bebidas para advertir sobre contenidos que superen ciertos límites recomendados de azúcar, sodio, grasas, grasas saturadas y grasas trans. Como se mencionó entonces, el objetivo de estas intervenciones no debe ser prohibir el consumo de productos –eso forma parte de la libertad individual de cada persona–, sino transmitir información relevante. Ciudadanos mejor informados tomarán mejores decisiones sobre las características de lo que ellos y sus familias ingieren.

En este campo, sin embargo, la congresista no agrupada Katy Ugarte ha decidido dar un paso de más. A finales del mes pasado, la exintegrante de la bancada de Perú Libre propuso un proyecto de ley que prohíbe “la publicidad mediante televisión, cine, redes sociales o cualquier canal digital de productos, alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans y alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, dirigida a niños, niñas y adolescentes menores de 16 años de edad”. De acuerdo con la iniciativa, la transmisión de publicidad de este tipo de productos solo podría darse entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m.

La medida es claramente desproporcional y contraproducente. Los alimentos con azúcar, sal o grasas no son inherentemente nocivos –como sí se puede decir, por ejemplo, del cigarrillo–. Muchos de ellos están en las despensas de cualquier hogar, como cereales, jugos, mantequilla o leche, y tienen contenido alimenticio sustancial para un país con niveles de desnutrición alarmantes como el Perú. Es responsabilidad de cada persona, y de los padres de familia en el caso de menores de edad, desarrollar patrones de consumo responsables. Y eso no se logra prohibiendo la publicidad.

¿Realmente se puede suponer, además, que limitando la cantidad de información de varios productos a horarios poco regulares pueden las personas tomar mejores decisiones? Si un producto, por ejemplo, tiene más hierro, mejor precio o prácticas ambientales más responsables que otro, esa información caería en saco roto y las empresas perderán el incentivo para desarrollar estas características en primer lugar. Las familias tienen derecho a conocer los rasgos de sus potenciales alimentos, y las empresas que los producen tienen derecho a hacerlos conocer. Un mercado con información poco clara, de hecho, es peor para todas las partes.

El sentido de esta propuesta legislativa, pues, parece no ser otro que aquel que alimenta a más de un legislador: el ansia de figuración, con una predilección especial por posicionarse como el defensor del consumidor ante el embate de las grandes corporaciones. De esto se ha visto ya bastante en los últimos Congresos, con las consecuencias que ya conocemos.

Por supuesto, estas reflexiones no implican que no haya nada más que hacer para promover una alimentación más saludable. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el efecto de la implementación de los octógonos luego de cuatro años de vigencia y cómo se puede seguir mejorando la información alimenticia en los hogares? ¿Cómo se reducen las cifras de escándalo de anemia infantil y de desnutrición crónica que atacan a los hogares más vulnerables y perpetúan el ciclo de pobreza? ¿Cuáles son los siguientes pasos de Qali Warma para garantizar mayor cobertura y calidad en su entrega de alimentos en centros de educación a lo largo del país?

Si de verdad existe preocupación por la ingesta nutricional de los niños y jóvenes, este es el tipo de preguntas que valdría la pena hacerse, en vez de promover absurdos límites a la información alimenticia.