En la imagen, los ministros Carlos Lozada (Transportes y Comunicaciones) y Rocío Barrios (Producción). (Foto: GEC).
En la imagen, los ministros Carlos Lozada (Transportes y Comunicaciones) y Rocío Barrios (Producción). (Foto: GEC).
Editorial El Comercio

El Gobierno tiene un serio problema. En un plazo relativamente breve, tendrá que enviar al Gabinete que encabeza al Congreso a pedir el voto de investidura y varios de sus miembros son desde ya cuestionados por distintos sectores de la futura representación nacional. El referido voto, como se sabe, no es otra cosa que una demanda de confianza para que el equipo ministerial que viene operando desde el 30 de setiembre pueda ejercer plenamente sus funciones y consiga la validación de sus actos previos. Bastante más que un mero trámite.

Los ministros cuestionados, por otra parte, son fundamentalmente tres: , titular de Energía y Minas; Carlos Lozada, responsable de la cartera de Transportes y Comunicaciones, y Rocío Barrios, a cargo del sector Producción. La primera, por sus antecedentes sobre concesiones mineras no declaradas y vínculos con la minería informal, así como por denuncias de “recortes de sueldo” de parte de personas que trabajaron en su despacho cuando era congresista (2006-2011). El segundo, por una por presunta colusión en agravio del Estado cuando se desempeñaba como director ejecutivo de Provías Nacional (2018). Y la tercera, por que ha planteado para ella la fiscalía por el delito de peculado doloso presuntamente cometido contra la administración pública cuando era directora de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Como señalamos antes, o Alianza para el Progreso que han adelantado que el cambio de esos ministros sería un requisito para conceder el voto de investidura. E incluso otras, proclives hasta hace poco a otorgarlo a ojos cerrados (como la de Somos Perú), han comenzado a expresar inquietud al respecto. Hasta el momento, sin embargo, el mensaje del Gobierno es que tal cosa no ocurrirá. De hecho, el primer ministro Zeballos que los ministros Lozada y Barrios seguirán en funciones y resaltó la “actitud corajuda y valiente” de esta última cuando trabajaba en la PCM.

La indolencia ante las objeciones de los referidos sectores que la actitud del Ejecutivo exuda, además, tiene raíces muy profundas. En , nos preguntábamos si los problemas del actual Gabinete habrían sido consecuencia de una falta de filtros. Es decir, del hecho de que nadie hubiera advertido al presidente Vizcarra y a su primer ministro de las investigaciones o acusaciones que pesaban sobre los funcionarios a los que estaban a punto de incorporar al equipo ministerial antes de que lo hicieran.

Pues bien, ahora sabemos que no fue así. En sendas entrevistas publicadas ayer y , Barrios y Lozada han revelado que ellos informaron oportunamente de su situación legal a las mentadas instancias superiores… y aun así fueron invitados a portar fajín. Y lo mismo puede decirse, en realidad, de la situación de la señora Vilca, cuyos viejos intríngulis eran conocidos por cualquier persona enterada de la política nacional desde hace años.

¿Cómo interpretar entonces la poca o nula importancia concedida a esas circunstancias por parte de quienes están en la cumbre de la estructura de poder en esta administración? La verdad es que no queda más opción que la de entenderla como una muestra de desdén. Semejante, en el fondo, a la que expresó a la cartera de Transportes y Comunicaciones luego de los despropósitos que caracterizaron su primer paso por ese sector.

No podemos dejar de anotar, adicionalmente, que buena parte de estas exhibiciones de suficiencia han tenido lugar con posterioridad al 30 de setiembre del año pasado. Esto es, cuando ya no había un Congreso que pudiera fiscalizar u objetar los actos descaminados del Ejecutivo: un contexto que suele operar como un mal consejero de un gobierno que de pronto se descubre sin bridas.

Felizmente, esa situación está a punto de cambiar. Pero en el Ejecutivo parecen no haberse enterado todavía.