El corazón de las tinieblas

Ayer, la Unidad de Investigación de este Diario publicó un informe con imágenes estremecedoras respecto de la presencia de actividad minera ilegal en la selva de Puerto Inca, en la región Huánuco. Personas en condiciones de trabajo sumamente precarias utilizan maquinaria pesada y químicos como mercurio para arrasar cientos de hectáreas de selva virgen en búsqueda de oro. La imagen es un calco de lo que sucede desde hace décadas en Madre de Dios, y eso es porque son los mismos mineros ilegales los que han expandido operaciones, ahora en alianza con el narcotráfico de la zona.

Aunque impactante, nada de esto debería ser sorprendente. Tres factores contribuyen a explicar el fenómeno. El primero, y sobre el que tenemos poco control, es el alto precio del oro. En tiempos en los que un poco conocido Daniel Urresti, alto comisionado para la interdicción y formalización de la minería, dinamitaba dragas en Madre de Dios, hacia el 2014, el oro valía cerca de US$1.200 por onza. Hoy el precio supera los US$3.300 por onza.

El segundo factor es la relativa lejanía y dificultades de acceso al territorio. Por ejemplo, en vez de acceder por la ciudad capital de la región, el equipo de El Comercio primero tuvo que viajar a Pucallpa (Ucayali) para luego hacer un viaje de tres horas y media en camioneta. Con autoridades ausentes, sin presencia general del Estado, la actividad ilegal avanza a sus anchas.

En tercer lugar, la tremenda ineptitud que han mostrado el gobierno, el Congreso y otras instituciones para lidiar con el problema es poco menos que una invitación abierta a las organizaciones criminales para que sigan avanzando a paso firme. El estado de emergencia ha servido para poco o nada en Pataz, La Libertad. El supuesto control minero a través del infame Reinfo –hoy, nuevamente, ampliado– es un saludo a la bandera (según el informe, en Puerto Inca hay 141 autorizaciones vía Reinfo, de las cuales 115 están vigentes). La coordinación entre la policía, fiscalía, Poder Judicial, gobiernos regionales, entre otros responsables, es pobre. Y sobre algunos actores dentro del gobierno regional, del Ejecutivo y del Congreso no queda claro siempre de qué lado realmente están.

Con ese panorama, no sería raro que la minería ilegal busque seguir expandiéndose en los siguientes años a otros puntos de la Amazonía. Es este, por lejos, el crimen ambiental más grave del país. Pero tras 14 años de que se declarase de interés nacional la lucha contra la minería ilegal, miles de hectáreas de selva siguen desapareciendo año a año.