El exfiscal José Domingo Pérez anunció ayer que asumirá la defensa legal de Pedro Castillo, condenado a prisión por conspiración para la rebelión tras su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. No conforme con ello, lo ha llamado “presidente secuestrado” y “preso político”. Con estas palabras, Pérez ha confirmado lo que desde muchas tribunas se advirtió durante años: que detrás de la toga fiscal había un activista político.
Conviene recordar qué defendía Pérez cuando era fiscal. Sostenía, con vehemencia, que sus investigaciones contra Keiko Fujimori, dirigentes de Fuerza Popular y empresarios en el marco del Caso Lava Jato eran estrictamente técnicas, libres de sesgo ideológico. Quienes cuestionaban sus acusaciones eran tildados de obstruccionistas. Ahora, al abrazar la causa de un presidente que intentó disolver el Congreso e instaurar un gobierno de facto –y al ponerse del lado de un golpista convicto–, Pérez se pinta de cuerpo entero. Ya no hay ambigüedad posible.
La gravedad de esta decisión trasciende lo personal. Cada investigación que Pérez condujo como integrante del equipo especial Lava Jato queda ahora contaminada por una sombra de parcialidad. Si el fiscal que persiguió al fujimorismo con singular ferocidad resulta ser un simpatizante del castillismo que considera “secuestrado” a un golpista sentenciado, ¿cómo no cuestionar la objetividad con la que llevó esas causas? No se trata de absolver a los investigados ni de negar posibles delitos, sino de reconocer que la credibilidad del persecutor importa tanto como la del acusado. Pérez ha dinamitado la suya.
Desde este Diario, en su momento, se defendió que los fiscales del equipo especial pudieran continuar sus investigaciones cuando el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, intentó removerlos arbitrariamente. También, sin embargo, advertimos que la caída del juicio por el Caso Cocteles era previsible: la acusación tuvo defectos graves, no se especificaban los delitos atribuidos a cada imputado, se elaboraron tesis sin asidero y se mancharon honras en el camino. Se reconoció el valor del trabajo anticorrupción, pero también los excesos de quienes lo conducían.
Es cierto que todo abogado tiene derecho a elegir a sus clientes. Nadie discute ese principio. Pero la elección no ocurre en el vacío: dice algo sobre quién la toma. Cuando el exfiscal que investigó a políticos como Keiko Fujimori o Alan García elige como primer cliente a un expresidente golpista, cuando lo llama “secuestrado” y promete luchar por su libertad, y cuando declara que él también es “víctima de la mafia que gobierna las instituciones”, no está ejerciendo simplemente la abogacía: está haciendo declaraciones políticas que confirman las sospechas que pesaban sobre sus motivaciones.
Pérez decidió ayer dinamitar la labor del equipo especial Lava Jato y cualquier atisbo de imparcialidad que podía mantener en las investigaciones que realizó. Con sus actos se ha terminado de quitar la careta. Queda claro ahora, con la elección de su más reciente defendido, que sus acusaciones no estuvieron nunca libres de sesgos ideológicos.
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